El Paro Agrario y la Paz más acá de La Habana

por Santiago Sánchez

Sirva este Paro Agrario para medir las condiciones reales para la construcción de la paz incluyente e inclusiva, léase, con el conjunto de la sociedad civil desarmada. Frente a la expectativa que generan los diálogos con las FARC, la venidera mesa de negociación con el ELN, y la coyuntura electoral, el cuestionamiento de fondo es acerca de la voluntad del resto de la sociedad por practicar la paz. Ahora, cuando se revela la hipocresía entre las prácticas y los discursos, queda de manifiesto la incapacidad del Estado y los actores armados para construir una sociedad en paz. Conseguirlo depende del compromiso de cada uno de nosotros.

La movilización social no es solamente una forma de participación política, si no la muestra de la inexistencia, ineficacia, inutilidad, o precariedad de las vías institucionales de participación política, constitucionalmente consagradas, precariamente legisladas, prácticamente precarias, y funcionalmente extraviadas.

La radicalización de la movilización, la confrontación directa entre ciudadanos y fuerzas del Estado y la inclinación hacia las vías de hecho, responden a una serie de causas operativas y socio-culturales: 1) un sector contestatario que propende por la lucha radical como mecanismo de presión en la negociación política, incluso con participación de proyectos político-militares asentados en las regiones; 2) infiltración estratégica de fuerzas policiales con el fin de justificar frente a la opinión pública la represión de la movilización; 3) acciones coactivas por parte de la fuerza pública como mecanismo de intimidación para restar masa crítica de apoyo civil; 4) negativa de la institucionalidad pública a reconocer la dimensión y el alcance de la protesta social; 5) incapacidad y/o falta de voluntad de los entes gubernamentales para cumplir los compromisos previos asumidos con los diferentes actores por separado; 6) degradación sistémica de las organizaciones cuya naturaleza es la actuar como mediadores y articuladores entre los reclamos sociales y el Estado: partidos políticos y sindicatos subsumidos a lógicas clientilistas, burocráticas, o corruptas; 7) efímero empoderamiento de las instancias de participación ciudadana reglamentadas; y 8) ausencia de un proyecto o una alternativa conciliada, debatida ampliamente, consensuada por parte de la Sociedad Civil, que se vea en entredicho por la radicalización de la movilización.

Y en este último punto vale la pena detenerse: el reclamo social se presenta como negación de las prácticas institucionales y gremiales, pero carece de una contrapropuesta viable. Existen varias, pero adolecen de inmediatismo y dispersión. En consecuencia, la radicalización de la movilización realmente no representa un detrimento para alcanzar unas metas inexistentes. Al no ser una propuesta conciliada por los actores sociales analizada en sus componentes técnicos y operativos, ni presentarse como una alternativa real, sólo queda el patetismo de la rabia, el desahogo de la frustración.

La lógica del conflicto armado construye el imaginario social de las instancias de resolución de los reclamos sociales: reprimir la protesta social por un lado, y negociar con actores abanderados de la lucha armada como única salida frente a la exclusión de la participación política por el otro, resulta una práctica aberrante (por decir lo menos) que reconstruye el escenario originario del conflicto armado en Colombia, vaticinando uno de los posibles desenlaces de este drama.  

Crear condiciones para la Paz y la resolución asertiva de los conflictos dista mucho de acordar, refrendar, decretar, legislar, u ordenar. Escapa también a las posibilidades materiales de cualquier actor por separado y nos convoca a todos, de lleno y al unísono, a enfrentar el reto de construir alternativa. Ahora es cuando la sociedad debe enfrentarse con la pregunta siempre aplazada de cuál es mi responsabilidad con construcción de una sociedad que resuelve sus problemas de manera pacífica, y lavarse del facilismo de exculpar las responsabilidades personales inculpando a un actor armado (institucional o al margen de la ley).

El compromiso de la solidaridad con los campesinos en particular, y con la justicia social en general, implica denostar toda forma de acción violenta en la cotidianeidad, transitar a las formas de manifestación noviolenta, y tomar las banderas de la resistencia civil frente a la exclusión de la participación política. Por su parte el gobierno, más aún, el Estado, ha de replantear sus tácticas represivas y asumir su responsabilidad en la consolidación de espacios de diálogo y concertación entre y con el grueso de la Sociedad Civil desarmada, y frente a la promesa incumplida de la prosperidad, ha de volcarse en la política de Paz para todos. 

Nicaragua y Colombia. Más allá de la Haya y la oportunidad de pasar a los anales de la historia

Por SANTIAGO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

ssanchezj@unal.edu.co

Dos gobiernos enfrascados en la posesión, derroche de fondos públicos en litigios internacionales, desgaste diplomático, y dos pueblos enfrentados en lo patético de la exacerbación nacionalista. Se nos va otra oportunidad de hacer historia, de tomar las riendas de nuestros destinos políticos, de tomar parte activa y positiva en la globalización, y de construir humanidad. La propuesta: establecer el primer tratado en la historia de aguas binacionales. Tan fácil y complicado a la vez.

Latinoamérica queda reducida a la mitificación febril de adolescentes en concierto de calle 13. La Corte Internacional de Justicia, en su sapiencia universal, asume la potestad de repartir el orbe, a la mejor usanza de las bulas Alejandrinas, demostrando quién ejerce ahora la hegemonía en el Estado total, global, e imperial. El gobierno de Nicaragua se enfrenta a la ineludible contradicción de abanderarse de un proyecto latinoamericano a expensas de la adjudicación de territorios mediante el expansionismo jurídico-diplomático, y de profesar la autonomía de los pueblos haciendo uso del aparato burocrático del poder global. El gobierno de Colombia recibe su correlativa pérdida de popularidad y, presto a pasar la papa caliente, deja ponchados a los antecesores mandatarios, ahora ausentes, carentes de poder resolutivo; se prepara una estrategia ambigua que pendula entre la súplica y la guerra. El gobierno de Santos queda expuesto a la difícil paradoja de legitimar la desobediencia civil en Colombia de no acatar el fallo de la Corte. ¿O no?

Los menos escuchados, los realmente afectados, la población aledaña nativa, queda al margen de todos: son los menos y lo de menos. Rápidamente hay que prestar atención y posicionarse en las islas, Plan San Andrés, emergencia social, conferencia diplomática, y otras puestas en escena, aunque finalmente serán los raizales quienes determinen en función del populismo o de su operatividad. De momento, brazadas de ahogado en el juego mediático. Que no se diga, como del Panamá decimonónico, que el Estado no hace caso de sus territorios provinciales. Pero haciendo un ejercicio de historia contrafactual, convendría preguntarles a los hermanos panameños qué imaginan que hubiese sido de su devenir socio-político sí aún fuese parte de Colombia. Mucho me temo que nadie está dispuesto a hacer el ejercicio.  

La discusión sobre acatar o no el fallo de la CIJ, y el retiro del Pacto de Bogotá, forman parte de la pataleta pueril de un gobierno en busca de reelección. Es como el niño que lleva todo el recreo jugando a las escondidas con los amigos, pero cuando le toca contar, entonces ya no quiere jugar más y se tira el juego. Al hacer presencia en los organismos internacionales, al enviar a un cuerpo diplomático en un litigio de más de una década, y -no sobra decirlo- dedicar una gran cantidad de dineros públicos al asunto, se legitima mediante el uso la capacidad del tribunal de mediar en el asunto. Desde el argumento más cándido, aquel que dice que acatar el fallo de la CIJ  va en contra de la Constitución Política de Colombia (como si en estos 21 años hubiesen sido pocos o leves los Actos Legislativos, o como si hubiese regido en efecto un modelo constitucional), hasta las demostraciones de alineación internacional en materia de armamento y belicosidad (o por qué Colombia se abstuvo en la votación para reconocer Palestina como Estado no Miembro), el problema radica en la pérdida de soberanía: le patiaron la lonchera.

Soberanía que, a día de hoy, en Colombia, no ha sido otra cosa que hacer presencia militar, en un país donde el derecho a la coacción lo ejerce todo aquel que sea capaz de afilar un pedazo de latón. Y siendo que más vale maña que fuerza, establecer el primer tratado de aguas binacionales en la historia de la humanidad tiene potentes consecuencias positivas:

   1. Escapar de los tentáculos de la gobernabilidad global -el aparato jurídico imperial-, sin necesidad de evadirse de los postulados positivos del ordenamiento global (solución pacífica de conflictos, mediación diplomática, tratado de buenos oficios, primacía regional, etcétera).

   2. Maximizar el beneficio conjunto de los actores en disputa, aún a riesgo de disminuir el potencial beneficio egoísta de cualquiera de ellos, demostrando una actitud histórica de solidaridad y fraternidad entre naciones. Como secuela de esto, se daría pie a una larga y estrecha relación de cooperación entre Nicaragua y Colombia, más por implicaciones de gobernabilidad que de alineación ideológica.

   3. Sentar antecedente en materia de territorios binacionales, estableciendo un marco de cooperación multinacional y soberanía compartida.

   4. Incrementar la capacidad de negociación en bloque frente a Repsolianas compañías y agentes corporativos transnacionales, que ávidamente se dan a la tarea de legitimar la apropiación nacional del territorio mediante la extracción intensiva de recursos.

  5. Al establecer un control binacional sobre los márgenes gananciales resultantes de estas explotaciones, contribuye a la democratización de los recursos, divididos equitativamente.

  6. Incluso en términos electorales, ya sea en beneficio de Partido o de la figura carismática de los presidentes en ejercicio, es incuestionable la favorabilidad que resultaría de un acuerdo de estas dimensiones. La relevancia de este punto en el grueso de la población nicaragüense y colombiana es subjetiva.

  7. Y lo más importante de todo, resarcir a la población directamente afectada por el litigio, detentores primarios de la potestad sobre el territorio, sobre las pretensiones estatales y supranacionales. En este sentido se debe procurar la primacía de la consulta y aprobación previa a los raizales, tratados de libre circulación por los territorios nacionales (al igual que se tiene con Brasil en Tabatinga y Leticia), y concesión de la doble ciudadanía. Para empezar.    

No se puede negar el sustrato ideológico que subyace a la disputa, proclive en abierto a un determinado posicionamiento en el orden internacional. Pero un marco de integración regional debe entenderse precisamente con el contrario, ese es el verdadero reto político, pues hacer equipo con el que piensa igual no tiene mérito. Un acuerdo desde el posicionamiento enfrentado tiene la peculiaridad de hacerse duradero, al contrario de los tratos entre afines, supeditados a la permanencia del otro. Particularmente, colombianos y nicaragüenses tenemos más lazos de fraternidad emocional que conocimiento sobre las realidades del otro. A su vez, el grueso de la población de los dos países no llegará a vislumbrar si quiera los ingentes beneficios derivados del usufructo de este espacio territorial, seamos claros.  

Pero el efecto simbólico de compartir un espacio territorial tiene mucha más relevancia que todo discurso nacionalista, que a fin de cuentas se basa en la egolatría mitificada de una figura de dominación, discurso que es útil solamente a las élites nacionales y locales que ostentan el poder. Como hermanos peliando por el juguete nuevo, eso es de los dos. Dos pueblos, que no gobiernos, haciendo historia. Larga vida a Nicaragua.

Indígenas del Cauca: desmitificando la violencia legítima

Por SANTIAGO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

ssanchezj@unal.edu.co

No es la primera vez que los indígenas del Cauca expulsan a los actores del conflicto de sus territorios. Es sólo la primera vez que se pone en evidencia la contradicción intrínseca del aparato del Estado al procurar la seguridad nacional a punta de bala y, en consecuencia, la fragilidad de un orden social establecido sobre la base de la coacción. Procurar la seguridad ciudadana mediante el establecimiento de objetivos de guerra al interior de la población no resulta un golpe de astucia. 

El debate en los medios masivos se ha propuesto desde la dicotomía entre el ejército y los indígenas, pero en esencia es un contrapunto entre la violencia legítima del Estado y la Resistencia civil no-violenta y el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

La resistencia civil pacífica en el Cauca contra todos los actores del conflicto es de vieja data. Los indígenas del Cauca ganaron el premio nacional de paz el año 2000 “por ser ejemplo de resistencia civil”. Se enfrentan contra los narcotraficantes desde el 2001, cuando comenzaron a expulsar los laboratorios de coca de sus territorios, y les dieron ultimátum en el 2009 mediante Resolución 002 del Cabildo de Jambaló. A la guerrilla se le ha decomisado e incinerado material de guerra; en 2008 la Guardia Indígena rescató a siete secuestrados de las milicias antes de llegar a la densidad de la montaña, y con las guerrillas los indígenas también han dejado sus muertos. Como respuesta a la negativa de los actores por acudir a las sucesivas e infructuosas convocatorias de los indígenas para establecer el diálogo y sacar el conflicto armado de los resguardos, el movimiento y los mayores han advertido desde hace años que todos los actores serán expulsados. La propuesta del movimiento indígena frente a las infructuosas guerras de la paz, ha sido la resistencia pacífica durante más de una década, aunque el golpe mediático sólo venga dado por lágrimas de cocodrilo.

Expulsar a las fuerzas de seguridad del Estado cuestiona el poder del Estado colombiano, en efecto, pero en su dimensión real se suma a todos los esfuerzos que en un orden global ponen en entredicho el papel de las fuerzas de seguridad de los Estados nacionales como escudo de las élites trasnacionales del poder. En este sentido, el movimiento es mucho más que una propuesta de carácter nacional, es un prototipo de emancipación civil frente al orden imperial en la globalización.

El principio sustantivo del Estado moderno que propende por “el monopolio de la violencia legítima” es bien conocido y archidefendido por las entidades institucionales. Tal postulado, junto con la organización burocrática y el control territorial tienen su origen en las ideas del filósofo alemán Max Weber, al establecer una tipología ideal que permitiese caracterizar al Estado moderno de otros tipos de Estados, como el Estado feudal o el clásico. Dice Weber

“Tendremos que decir que Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el territorio es un elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo distintivo de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del derecho a la violencia.”  (WEBER, 1969)

Sin embargo, ignoran los medios y olvidan los detentores del Poder que tal monopolio ha de estar supeditado a la legitimación, es decir, que el usufructo de la fuerza tiene como único fin el de asegurar la seguridad de los ciudadanos, no el de garantizar intereses particulares, ni el de asegurar el posicionamiento de una élite política, ni el de consolidar perímetros de control militar para mostrar resultados gubernamentales. Una presencia que arriesga a la población es ilegítima per se, además de ilógica.

El Movimiento indígena del Cauca y las organizaciones indígenas locales (Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC-, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca –ACIN-) frente a la incapacidad de gestión del Estado nacional y la incapacidad operativa de sus entes descentralizados, se han ocupado de los aspectos antaño relativos al aparato de Estado: la defensa y soberanía sobre su territorio bajo el monopolio de la violencia, y el  ejercicio técnico-racional de la dominación política de carácter burocrático. Frente a la exclusión sistemática en la construcción del ideario de la nación, surge la reivindicación de la diferencia respecto a la cultura homogeneizante nacional como base de legitimación de la autonomía política.

¿Qué es lo que legitima la violencia legítima? Si la soberanía reside en el pueblo, ¿acaso no deviene de éste la legitimidad en un Estado que se adjetiva democrático? El Cauca Indígena nos conduce a esta reflexión acerca del fracaso del Estado colombiano para monopolizar el uso de la coacción física. Pero al tiempo nos intima a una cavilación mucho más profunda acerca de la derrota del Estado-nación como ente garante de la seguridad ciudadana mediante el monopolio, control, y ejercicio de la violencia.

Y yendo más allá plantea y ejecuta una solución: el actuar conjunto de la multitud. El modelo organizativo de la Guardia Indígena operativiza el discurso romántico del “otro mundo es posible”. De cara a todo tipo de violencia, venga de donde venga, resistencia civil no violenta.  

WEBER, Max. El Político y el Científico. Madrid, España: Alianza, 1969.

Comulgando con el diablo

Santos puntea en las encuestas y esto es complicadísimo de explicar por fuera de la lógica cultural colombiana. Cuando el Estado se ha convertido en agente homicida de la población civil, no se puede entender que el responsable político sea favorito en las siguientes campañas presidenciales. Hasta que no haya verdad y reparación en el caso de los falsos positivos, no podemos permitir que quien dirigiera el ministerio de defensa avance en su carrera política, escaqueándose de los mecanismos de rendición de cuentas.

Son varios los casos por los que el ex ministro tendría que responder. Estamos hablando de chuzadas ilegales y espionaje de políticos, periodistas y jueces, penetración del paramilitarismo en el servicio secreto del Estado, venta de informes secretos, disposición de territorio nacional para intereses de Estados Unidos, inversión de cuantiosas sumas en material de guerra, e inexplicables pérdidas de armamento en el DAS. Pero apelo sólo a uno, en mi opinión el más aberrante de todos procesos por el que debe responder: los falsos positivos.

Lo que hay de por medio es la vida de más de un millar y medio de personas. Víctimas del Estado. Ejecuciones extrajudiciales premeditadas tintadas de limpieza social. Una operación pensada para el reclutamiento masivo de jóvenes de estratos bajos, despliegue de personal y recursos para acometer el engaño, traslado de las víctimas a otra región, ejecuciones sumarias contra persona protegida por el sistema penal, enterramiento en fosas comunes. Y finalmente, evasión de las responsabilidades políticas.

Porque existen las responsabilidades de los actores materiales, quienes consumaron el hecho. Existe también la responsabilidad de los actores intelectuales, que a saber cuándo nos enteraremos de la verdad. Pero el país olvida que existen también responsabilidades políticas. Eso es el sustento de la democracia real, los mandatarios son responsables de las decisiones políticas que toman, así como de las consecuencias de estas, y la forma cómo se manejó el sistema de incentivos y recompensas en las Fuerzas Armadas es de facto una decisión política.

Nuestra cultura política se basa en la lógica del mal menor y en la figura del caudillo. Santos encarna la primera y ahora se presenta como el legatario del guía. Confío en la inteligencia y la crítica del electorado, pero de escoger a un tipo como Santos estaremos comulgando con el diablo.

Congreso nuevo no tan nuevo. II

Pese a las evidencias de ilegitimidad en el proceso electoral, debemos encarar los resultados de las elecciones parlamentarias frente a la proximidad de las presidenciales. La coalición oficialista que aglutina a las élites del país ha obtenido mayorías en el congreso debido a la incapacidad de los partidos para constituirse en agentes de los reclamos populares, y a la crisis de legitimidad del legislativo por su evidente inoperancia a la hora de canalizar la resolución de conflictos sociales. Lo que implica en un futuro próximo la elección de un congreso de estas características se puede analizar en dos sentidos: por un lado la consolidación del proyecto centralista, y por otro, la inviabilidad del Legislativo para presentarse como opción para las minorías y las regiones.

En primer lugar, la consolidación del proyecto de recentralización nacional implica una mayor concentración del poder en las élites políticas. Por esta vía implica el afianzamiento de la complicidad de éstas con los gremios económicos, a quienes deben gran parte de su triunfo y por lo tanto varios favores. Implica también la perpetuación de la favorabilidad del gobierno en los medios de comunicación masiva. Y como contrapartida, representa la promoción de leyes que favorecen el monopolio y a los grandes empresarios. Como consecuencia tendremos la consolidación del statu quo a nivel político y social, o por lo menos la certeza de que el ente legislativo propende a ello.

En sentido contrario, durante los próximos cuatro años el congreso de la República pierde capacidad de presentarse como opción válida para el desarrollo de las minorías políticas y sociales en el sentido de una democracia participativa, y para el desarrollo de las regiones en el sentido de la autonomía regional. Se frustra la lucha por la repartición de la riqueza y contra la desigualdad, ya que ésta no es pensable sin una anterior repartición del poder. También se obstruye el desarrollo de una democracia deliberativa mientras exista la dependencia de los medios masivos a los grupos empresariales, y de estos con el grupo de interés en el ejercicio del poder.

El debate pasa ahora a girar en torno a las elecciones presidenciales. Las primeras encuestas reflejan una simetría con el resultado de las parlamentarias en la intención de voto, resultado catastrófico de llegar a producirse. Precisamente el sistema electoral está diseñado para que las elecciones del ejecutivo sean pensadas en función del resultado en la conformación del congreso, con la intención de balancear el equilibrio entre poderes (pretensión un tanto idealista al considerar un sistema político que concentra en una sola persona el margen de acción suficiente para ejercer contrapeso a dos cámaras). Si de la experiencia queremos aprender tendremos que aceptar que tener en el gobierno al mismo grupo de interés que goza de mayorías en el congreso es supremamente peligroso para el resto de la sociedad.

Congreso nuevo no tan nuevo. I

Se ha escogido congreso. Y mucho desconfío de quienes se apresuran a gritar a los cuatro vientos que el pueblo ha hablado, que es la voluntad general, y otra suerte de falacias legitimadoras; amigo el ratón el queso. No es precisamente el mejor momento del legislativo y los resultados habrá que analizarlos con detalle. La necesidad de replantear las instituciones es imperiosa, hay que dar el debate y construir sobre la marcha.

He de confesar que disfruté el debate, hubo de todo y para todos los gustos. Se dieron madera. Las ideas, opiniones, críticas y reprimendas volaron durante el último mes como avispero alborotado. Personalmente consideraría una lástima que la discusión cesara ahora dejándonos en el letargo de la resignación política. Es precisamente en el campo de las ideas en el que podemos llegar a acuerdos respecto al tipo de sociedad que queremos ser, respecto al tipo de vida que queremos llevar, y por consiguiente, al tipo de instituciones que queremos tener.

Durante estos días las elecciones al congreso estuvieron en el centro de la crítica y los análisis que se hicieron se pueden categorizar entre los catastrofistas y los optimistas. Por cantidad ganan los primeros. Por peso también. No son pocos los motivos: se habla de la imposibilidad técnica de un verdadero voto de opinión en términos de la necesidad de información, de la crisis institucional del legislativo, de la farsa del márquetin político, de la inviabilidad del uribismo sin Uribe, del abstencionismo y la falta de fe de la ciudadanía en sus instituciones. Curioso por otra parte que quien argumenta esto último haya sido precisamente quien desde el ministerio de guerra se saltó al congreso en varios decretos que requerían su aprobación.

Del otro lado están los optimistas, que tampoco se quedan cortos de motivos apelando a la crítica de la ciudadanía, a la participación y la movilización, al éxito de la Corte Constitucional, a la labor de la Corte Suprema de Justicia en la dispendiosa purga del congreso, al dudoso y taimado triunfo de la reforma política (de la que también tendremos mucho que hablar), y por supuesto, a los congresistas honestos, que aunque pocos, por suerte destacan cada vez más.

Lastimosamente encuentro que del lado de los optimistas no estoy. Pero tampoco quiero estar del lado de los fatalistas. La salida que nos queda está puesta en los movimientos sociales. Una gran cantidad de gente que consciente del fracaso de las instituciones políticas y la poca seriedad de los partidos políticos, se organiza al margen de las instituciones tradicionales, reclamando autonomía, gestionando con éxito y honestidad los recursos, y sobretodo, construyendo alternativa.

El daño al Referendo con el debate sobre la reelección.

Finalmente hemos puesto punto final al asunto de la factibilidad de una segunda reelección. Uribe ha dicho que acata, y eso está bien, porque además reduce el radio de las posibilidades para quienes especulábamos qué tan lejos podía llegar este asunto. Pero el debate sigue abierto: ahora hay que preguntarse cómo pudo el referendo sortear esa mano de irregularidades en el proceso porque eso delata un fallo en las instituciones del Estado, lo que irremediablemente conduce a preguntarnos por las personas que están en ellas. Aún así, cada fallo ha sido evidenciado por un movimiento de ciudadanos, y eso también está bien, pues revela el ejercicio de un control de la administración pública por parte de la sociedad civil, que sorteando varias vicisitudes no menores, aún encontró espacios dentro del aparato de Estado que recondujera institucionalmente sus reclamos. Y de eso se trata.

 

Mucho se ha hablado del referendo en cuanto a las instituciones del Estado que tuvieron que ver en el proceso, pero poco de los movimientos sociales que estaban ejerciendo un papel de contrapeso a la propuesta. Sin estas presiones de carácter popular, otro gallo cantaría el sol de hoy. La movilización de recursos para esto fue importante y cuantiosa: recursos económicos, sociales y humanos, tanto por parte de quienes lo promovían, como por quienes estaban en contra, y esto ya no es bueno. Desgasta la democracia, quita tiempo y cuesta plata.

Esto se pudo haber evitado: lo pudo haber evitado don Álvaro con un pronunciamiento, pero prefirió crear el ambiente de especulación e inestabilidad favorable a todo gobierno, el manejo político del riesgo. Se pudo haber detenido en el Congreso, pero la maquinaria fue efectiva esquivando las pruebas de irregularidades en el proceso, varias pruebas y argumentos que dieron pie a sendos debates y audiencias públicas. Lo pudo haber amainado el Ministerio Público, pero el procurador prefirió escatimar costos políticos con sus recientes electores en el Congreso, suponiendo que sus valores morales le habrían impedido pactar por anticipado algo semejante a un concepto favorable sobre el referendo a cambio de su designación. Por último ha sido la Corte Constitucional quien ha puesto el punto final, dando en el clavo de la necesidad de un contrapeso entre Poderes.

En definitiva, el chiste sale caro, para todos. Precisamente para eso se establecen unos topes y unas condiciones en lo que se refiere a una iniciativa popular. A una auténtica iniciativa popular, porque no se puede esperar que la gente se crea que una iniciativa de ocho ciudadanos con la capacidad de movilizar ingentes cantidades de dinero, el beneplácito de la coalición oficialista en el congreso, el respaldo de los medios masivos, y cuyo vocero es, además, el secretario del partido en el gobierno, sea una iniciativa popular.

El Referendo, como herramienta de participación hay que defenderlo, utilizarlo y reforzarlo. Lo que no se puede permitir es que se convierta en un mecanismo de legitimación de gobierno. Que se utilice el aparato del Estado para camuflar iniciativas de grupos de interés. Que se tergiverse la norma para crear favorabilidad en el ejercicio de gobierno, como durante dos décadas se hizo con el "estado de sitio", o como se hace ahora con uno de sus retoños, el "estado de emergencia social". Pero sobretodo, no se puede permitir que los recursos del Estado sean utilizados para reconducir el sistema normativo al antojo del grupo en el gobierno. Para eso no es que se pagan los impuestos. No, señor.