Wikileaks, Colombia, y el recalentao de la Guerra Fría I

Corren ríos de tinta en estos días sobre las filtraciones de documentos de Wikileaks demostrando la fragilidad de un sistema político global basado en la diplomacia secreta, y develando la correlación entre los grupos de interés gremial, los gobiernos y la actuación militar a gran escala. El caso de Colombia es tan sólo una pincelada de ese gran cuadro que representa la nueva alineación global, que en nada refiere a países, si no a élites en el ejercicio del poder. El enconado debate entre detractores y panegiristas del empoderamiento ciudadano de la información remite a un debate mucho más profundo sobre los límites de las facultades de los gobernantes: por un lado quienes confieren plenos poderes y garantías al soberano; por otro, quienes supeditan todo ejercicio del poder al control y voluntad de los ciudadanos.

Ni los más avezados futuristas de mediados del siglo XX pudieron aventurar la suerte que correría la diplomacia internacional de posguerra: el advenimiento de internet, las redes sociales, y la consecuente liberalización de la información, está estableciendo un patrón de ciudadano capaz de “presentarse” en tiempo real en las más disímiles situaciones de la política internacional, estableciendo vínculos entre colectivos que empiezan a sentirse semejantes con sus pares más remotos, consolidando un nuevo tipo de alineación alternativa de la ciudadanía en lo que se ha llamado la sociedad de la información o del conocimiento. Y nunca antes el aparato de coerción estatal tuvo que enfrentarse a este tipo de respuesta ciudadana instantánea.

En este orden de cosas, podemos identificar dos tipos de construcción discursiva respecto al manejo público-privado (o secreto) de la información en general, y de la información política en particular: 1) aquellos que argumentan que las nuevas tecnologías de la información han de estar supeditadas a un control estatal, incluso supraestatal, argumentando razones de soberanía, legitimidad y seguridad nacional, lo que el sociólogo venezolano Miguel Ángel Contreras identifica como la consolidación de un Nomos Imperial que propende por la legalización y sacralización de la guerra; y 2) aquellos que defienden el uso de las nuevas tecnologías de la información por parte de la ciudadanía como herramienta de contrapeso al poder económico-político de los sectores gremiales, lo que el filósofo francés Bernard Stiegler ha llamado rimbombantemente una Ecología Industrial del Espíritu,  que identifica las nuevas tecnologías como una herramienta del pensamiento crítico que impulsa una nueva base civilizadora.

Podemos aterrizar este debate en clave de Cultura Política Colombiana: identificar la relación entre las élites en el ejercicio del Poder y los grupos de interés de carácter gremial para comprender la construcción del discurso de legitimación de la coacción y el uso de la fuerza, terciadas por los medios de comunicación de gran escala para analizar el trasfondo de la alineación internacional a la que se apegan en la construcción de ese Nomos Imperial del cual ha participado con ahínco el doble gobierno de Uribe, y continúa participando el gobierno Santos. Es así como el desvertebrado aparato institucional decide ponerse manos a la obra, rapiñar del discurso post 11-S, arrimarse al buen árbol de los Estados Unidos, y sacar este recalentado de la Guerra Fría para construir el imaginario de un enemigo externo que legitime el uso de la fuerza en la guerra planetaria del Bien contra el Mal, a su vez identificable con el imaginario de un enemigo interno que legitime el uso de la fuerza en la guerra nacional entre la gente de Bien y los hijos del Mal.

Así es que vuelve el recalcitrante discurso dicotómico de derecha vs izquierda, y las teorías de la conspiración internacional contra la Democracia y el Progreso. Según la usanza en boga, y para hacerlo más digerible, el recalentao se presenta bajo la forma violencia legítima vs terrorismo, es decir, Estado vs cualquier-cosa-contraria-al-Estado. Analicemos los ingredientes del plato:

Dice RCN, que si el Partido Comunista Colombiano (PCC) tiene una estrecha relación con el Partido Comunista Cubano, y que si el agua moja pero la toalla seca. Evidentemente mi querido Watson, porque el ideario comunista es internacionalista per se, y puede añadir aún más: que el PCC tiene una estrecha relación con todos los Partidos Comunistas del mundo, aún sus diferencias pragmáticas. Y que si el PCC es clandestino y brazo político de las Farc y el Eln, siendo que es el propio sistema político colombiano, debido al umbral electoral, el que excluye al PCC de la participación política, viéndose en la necesidad de actuar mediante alianza con el Partido constituido para integrar las fuerzas de izquierda, el Polo Democrático Alternativo; y en todo caso son las Farc la disidencia del PCC, cuyo origen político en la década de los 60 es una desavenencia del Partido por considerar que la vía institucional no garantizaba el acceso a los mecanismos del Poder, y que la única vía, era la vía armada. Postulado que Farc mantiene hasta el día de hoy.

También se ha dicho que el encargado de la oficina de pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mauricio Acero, denunció intenciones de ciudadanos sirios, jordanos, palestinos y venezolanos de obtener fraudulentamente la ciudadanía colombiana, así como la utilización de esta para realizar labores de inteligencia para el gobierno cubano. . Y claro, es que siendo el pasaporte colombiano uno de los más aborrecidos en las aduanas y fronteras del planeta (listado de países que exigen visado a colombianos), optar por la nacionalidad colombiana es toda una estrategia de camuflaje.

Dice también RCN que el Ministro de Defensa Nestor Jobim reconoce implícitamente la presencia de las Farc en Venezuela, pero que no lo hace públicamente para no frustrar la capacidad de mediación de Brasil en el asunto, y que reconoce la capacidad de Colombia de actuar como elemento de inestabilidad regional, por demás, conclusión generalizada en la cumbre de Rio tras los ataques al campamento de las Farc en Ecuador.

Finalmente, el ingrediente principal del recalentao, Venezuela refrita: la analogía entre el plan expansionista del proyecto bolivariano en la región (coadyuvado por los gobiernos de Ecuador y de Bolivia), y el proyecto del nazismo en Europa; las misiones de espionaje del gobierno de Venezuela y Cuba contra diplomáticos de Estados Unidos en Caracas; la venta de 100 misiles por parte de Rusia; y finalmente la relación del gobierno Chávez con las milicias de las Farc. Un huevo frito encima y Neoguerra Fría lista para servir.

Así es que una cosa es la filtración de documentos secretos del gobierno de Estados Unidos, y otra la interpretación y seguimiento que se hace de estos. Existen dos sectores opuestos que hacen uso de esta información: los medios de comunicación a gran escala de los sectores gremiales, con intereses corporativos, financieros y económicos, con gran representación burocrática en el gobierno, incluyendo curul presidencial; y por otra parte, los sectores divergentes que actúan como control ciudadano de las relaciones de poder en la consolidación de una democracia real, pluralista y participativa sobre el ejercicio de la política. El primero estaría encaminado a alinearse bajo la forma del Nomos Imperial con el hegemón que tantos favores ha prestado. El segundo, estaría alineándose con el sector contestatario global que entiende que el Estado y sus fuerzas armadas han sido utilizados por grupos de interés para fines privados mediante el ejercicio de la fuerza a gran escala, sin contar siquiera con el beneplácito de los ciudadanos a quienes dice representar.

Demonios y Testimonios I. Pasaporte Colombiano

Testimonio de L.H.Z.


Hoy me di cuenta de lo que significa tener pasaporte de Colombia en Europa...

Lo intenté de varias maneras, primero con la oportunidad de una entrevista con la empresa Schlumberger en Madrid, en este caso me dijeron que no, debido a que la posición a la que aplicaba era la de "software support", vale, una respuesta digamos, convincente, creo que mi perfil tampoco se ajustaba justo a ese trabajo.

La segunda vez, fue con Baker Hughes, para la posición de Field Engineer: primero una entrevista vía Skype, luego me invitaron a una sesión de "pruebas" tres días en Hanover: fue una experiencia algo dura, en el sentido que me di cuenta de lo competitivo que puede llegar a ser este tipo de pruebas, pero también de lo que se cuece dentro de las grandes petroleras, en ese sentido una experiencia... Aunque recuerdo bien que el primer día, en uno de los descansos, un hombre de recursos humanos me preguntó acerca de mi nacionalidad, sobre mi pasaporte y los tipos de permisos que tenía en Europa... Al final aquí tampoco hubo suerte, aunque como os dije a muchos, tampoco me atraía especialmente este trabajo.

La tercera fue en Ginebra, hace unas semanas, con CGG Veritas, para la posición de Land Geophysicist... Este trabajo sí que me gustó, era hacer interpretación sísmica en campañas en tierra... Tal vez el empleo que me hubiera encantado. Aquí uno de los que me hizo la entrevista, que era de Serbia aunque con pasaporte Suizo, me preguntó nuevamente por mi nacionalidad, y me dijo "con un pasaporte colombiano no puedes llegar muy lejos..." , le comenté que mi nacionalidad española estaba en trámite y que pensaba que antes de 6 meses la tendría (mentira piadosa obviamente), a lo que el hombre en cuestión me dijo que aunque me seleccionaran, si el departamento operativo decía que no a vistas de mis papeles, poco se podría hacer.

Ayer recibí el email, donde me decía que no: es de estos emails tan impersonales que seguramente es una plantilla que ya tienen escrita y lo único que hacen es cambiar el nombre. Así que decidí llamar directamente a Ginebra a ver si conseguía aclarar un poco más la razón de la negativa, aunque la intuía claramente. El Señor Radovan, de manera muy escueta, me dijo que aunque la entrevista había sido exitosa y el curriculum estaba bien, la razón de la negativa había sido mi pasaporte colombiano. Era una cuestión práctica: es un trabajo para viajar bastante y desde luego es una filigrana el tema de sacarme un visado para cada país, así que me dijo que seguramente cuando tuviera un pasaporte español, se me abrirían muchas puertas, pero que ahora no podía ser "I´m sorry"

Y la cuarta, y ya la gota que colmó la copa, era para hacer un doctorado de almacenamiento y transporte de CO2 en la Universidad de Edimburgo. Hace una semana me hicieron una entrevista telefónica, al cabo de la cual me dijeron que se seleccionarían dos o tres personas para hacer una entrevista en la universidad con el equipo de trabajo y el director de tesis. Pues bien, ayer me escribieron un email donde me invitaban a Edimburgo para el 9 de noviembre próximo. El pequeño detalle que Escocia hace parte de Reino Unido y el Reino Unido me pide un visado para entrar.

Aun a sabiendas de lo que son estos trámites (con la embajada británica he tenido varios acercamientos que se resumen en un visado de turismo concedido en 2006 y dos visados negados), he llamado esta mañana a un teléfono de información de la embajada británica, en el que un minuto vale 2 euros. Les conté "mi caso" a lo que me dijeron que para el día 9 de noviembre era imposible tramitar un visado, que tendría que realizar el trámite de una solicitud normal: es decir, llenar un cuestionario de casi 100 preguntas online, luego pedir una cita en la embajada de Madrid, (las citas las están dando para después de noviembre), pagar 90 euros, hacer la solicitud del visado, y esperar de dos a tres semanas a que me digan la resolución.

Escribí a la Universidad de Edimburgo contándoles la historia. El Señor Stuart me respondió que el había asumido que yo por tener residencia en España, eso mismo era valido como permiso de trabajo para toda Europa, incluido el Reino Unido obviamente (lo cual no es así, pues mi permiso me da "derecho" de trabajar y residir en España, y libre circulación por los países de la Unión Europea que hayan firmado el tratado Shengen, un rollo largo de explicar). Total, que visto lo visto, según una ley que desconozco, En el Reino Unido para hacer estudios universitarios, te catalogan entre estudiantes europeos o estudiantes internacionales... A mí, por no tener nacionalidad europea, me catalogan como estudiante internacional, y resulta que para realizar los estudios de doctorado, la universidad en el caso de estudiantes internacionales tiene que pagar "unas tasas muy altas" que se salen del presupuesto para esta plaza en concreto... Así que una vez "I´m sorry"

Y así acaba esta historia.

Sentí ganas de escribir esto. La mezcla de sentimientos que tengo ahora no la puedo describir, por supuesto la impotencia y rabia a nivel máximo me sobra ahora mismo. Ya me cansé, me cansé de Europa y sus excluyentes leyes de inmigración, me cansé que por encima de ser L. H. Z., Geóloga de la Universidad de Salamanca, Máster en Geofísica en la Universitat de Barcelona, por encima de esto y tantas otras cosas que me caracterizan, esté mi marca oficial NACIONALIDAD COLOMBIANA, eso es lo único que cuenta... Nada más, así es el mundo... Así es este sistema. Por un momento me hacen sentir como si fuera una delincuente... Vale que Colombia es un país con una larga trayectoria de problemas de violencia, narcotráfico y etc etc etc, pero es así: por uno pagan todos... Pagamos todos. Hay más historias relacionadas que aun podría contar de estos 8 años viviendo por estos lares.

Ahora estoy esperando a que la policía venga a casa a hacer unas cuantas preguntas a ver si soy digna de ser ciudadana española, me han dicho que el tramite tardará otro año más. Así que en el momento que tenga esta visita tan anhelada, pensaré en hacer maletitas y regresar a mi país, porque ahora mismo aparte de España, es el único país del mundo en el que puedo pensar en conseguir un trabajo de lo que realmente quiero. Es una pena que en España esté la situación laboral tan complicada. Aquí también lo he intentado: enviar CV a muchas empresas que ni contestan para decirte que no. El tema de doctorado en España, o tienes un expediente estupendo, o te enchufa alguien, o poco haces. Así que nada… O si, podría buscar trabajos de camarera, azafata-chica-guapa de eventos, dependienta, etc, pero va a ser que me cansé...

Siento el rollo que he soltado. Si os habéis aburrido, pero quería expresar un poquito de lo que siento.

Cuando tenga fechas de billetes a Bogotá os iré avisando.

Besos



Marcha Patriótica: lecciones de unión popular

Nuevamente la sociedad civil vence a la institución política, como debe ser. La Marcha Patriótica ha cumplido sus objetivos y ha dejado una importante lección para la sociedad: cuando las voces de los excluidos se unen mediante canales legales y legítimos de participación política, no hay criminalización que los espante, ni prohibición que los disuada. En un Estado donde los representantes no representan, los partidos son herméticos, erráticos y oportunistas, la justicia no acaece, y los medios masivos propenden a intereses oligopólicos, la movilización masiva se presenta como única alternativa de participación popular legítima, tras descartar de cuajo la vía armada.

La Marcha Patriótica nos plantea el interrogante sobre nuestra verdadera independencia como Estado, nuestra verdadera libertad como pueblo, y nuestro carácter plurinacional. Convoca diversos sectores marginados en la construcción de la nación por razones étnicas o económicas, que cuestionan la legitimidad del proyecto de nación centralista, urbano, blanco, masculino, católico y burgués. Es una movilización exitosa que operativiza y visibiliza el cambio que se está dando en el orden simbólico de la cultura política en Colombia, antecedente necesario para el cambio socio-político que nos permita avanzar en la consolidación de un país incluyente.

  Bien es cierto que la marcha ha tenido sus bemoles como toda movilización masiva los tiene. Pero nada próximo al amarillismo de los medios oficialistas y a la criminalización de la institución. Se acusa la participación de Farc-ep en ésta, cuando todos los sectores que participaron han rechazado de forma tácita, en sus declaraciones y sus actos, la vía armada. Se debe recordar que el movimiento indígena ha organizado mingas exitosas para rescatar a sus muchachos reclutados y para sacar los laboratorios de coca de sus territorios.

Se ha acusado a la marcha de vandalismo, por ocupar la sede de la Universidad Nacional de Bogotá. Pero si las negociaciones que se llevaron a cabo tres meses antes con el Distrito y con las Directivas  son infructuosas, el desenlace no podía ser mejor. Para la realización de las diferentes mesas de trabajo (cabildo abierto) y el hospedaje de 15.000 personas durante tres días, donde pudiesen confluir indígenas, campesinos, afros y estudiantes, el escenario de la Nacional resultaba idóneo. Sin embargo, no es la primera vez que las directivas de la nacional dejan ver su alineación con el aparato burocrático. Separar al estudiantado de los procesos y movimientos sociales es cercenar los caminos de una participación imprescindible de la academia en el cambio social. De haber mostrado un poco de voluntad, la universidad hubiera podido acoger este proceso en orden y brindar los espacios para el debate, continuar con sus actividades académicas, y lo más importante, participar en la construcción de un ideario de nación incluyente y participativa.

Cristales rotos y candados forzados es el espeluznante saldo de una movilización pacífica y constructiva entre sectores heterogéneos que unen esfuerzos por el entendimiento político. Gente que venía desde los rincones más aparatados y olvidados del país con el único fin de cometer estos terribles actos de destrucción impía para ganar protagonismo. Considerando los resultados de las mesas de trabajo y las conclusiones finales de la movilización, expresado en un documento sin desperdicio que intitula “Proclama por los 518 años de resistencia y 200 años de lucha. De la Independencia a la emancipación.”, y el éxito que supone congregar a sindicalistas, feministas, estudiantes, campesinos, afrocolombianos e indígenas, a construir procesos de cambio desde el consenso, yo pongo para la vaca de los vidrios rotos.

Formas y reformas en el gobierno de Unidad Nacional.

Ahora que se ha configurado el aparato institucional del estado central para el próximo cuatrienio, es necesario enfrentar los temas que se vislumbran en el panorama político, pues la maquinaria está lista para la aprobación masiva de proyectos, leyes y reformas, al amparo de una supuesta Unidad Nacional. Una unidad que recuerda algún Frente en el que los partidos cerraron filas para hermetizar el acceso a los canales institucionales de poder, eliminando toda opción para los movimientos sociales, las minorías y los partidos contestatarios. De momento se han establecido los lineamientos políticos del ejecutivo a través de la lógica del neocorporativismo, los lineamientos ideológicos mediante una reinterpretación a la criolla del dogmatismo Giddensiano de la tercera vía, y los lineamientos pragmáticos del proyecto santista, continuación de fantasmas dormidos del proyecto uribista de la seguridad democrática.

Lo que se hace manifiesto en este orden de cosas, es la configuración de una pugna de fuerzas entre la institucionalidad y la sociedad civil. El panorama se apresta oscuro para los sectores que se mueven en la política no institucional y para las regiones, pues la batuta institucional estará girando en torno al proyecto centralista. . Por lo tanto, el debate debe partir del supuesto de que cada reforma tiene sus formas, y siendo el legislativo de mayorías oficialistas, el consenso y la discusión con la sociedad civil se hacen innecesarios. Y esas no son formas.



El primero de los proyectos de reforma (que por otra parte apremia) es la Reforma al sistema de salud. Consabido el fracaso del modelo desarrollado en la Ley 100, auspiciado por el mismo Uribe en ejercicio de sus función en el legislativo, tenemos dos opciones: por un lado adoptar el modelo de regulación que impele el servicio de salud hacia el sector privado, como lo planteara el ministro Palacios con los decretos de emergencia social. Por otra parte, una reforma que mediante la discusión con los especialistas del sector, con criterio de las finanzas públicas, y supeditado al principio de salud universal de calidad, consolide un estado que vele y cuide de sus ciudadanos.

En efecto es necesario controlar la evasión de las participaciones de los autónomos como la viveza de otros que, siendo pudientes  asalariados y rentistas, se colaron en el régimen subsidiado en detrimento de los pobres "de verdad". Entre otras cosas esto fue lo que reventó al Fosyga, y no el hecho de que los jueces fallaran las tutelas a favor de los pacientes, que además, un estado social que funciona a fuerza de tutela es una vergüenza. Canalizar la atención médica hacia las posibilidades adquisitivas de los pacientes como lo determinaba el decreto 128, es poco menos que un sofisticado mecanismo de limpieza social, al tiempo que un gran aliciente para los bancos, que se quedaron con las ganas de mostrarnos cuánto cuesta un riñón. O como lo proponía el decreto 131, que limitaba tanto los servicios del POS, igualando el régimen subsidiado con el contributivo a la baja, como la capacidad de los médicos de dar diagnósticos de acuerdo con el saber médico, estableciendo un sistema punible para los médicos que ejerzan su oficio por fuera de lo que el Estado permite.

La reforma a la salud del ministro Palacios, parte de la lógica del Estado rentable que pregona la disminución del déficit público vía incremento de impuestos y disminución del gasto público. La reforma al sistema de salud no puede darse vía Estado de emergencia social ni mucho menos. Ha de ser una reforma integral a la Ley 100 que pase por el debate entre los técnicos, tanto de las finanzas como de la medicina, que incluya como agente primario a quienes ejercen el oficio de la medicina, y sobre todo, que esté pensado para dar cobertura universal de calidad, siendo la mejora en las condiciones de la salud un prerrequisito del desarrollo social.

Este debate nos conduce al de la Reforma tributaria: Santos ha dicho que no presentará un programa de reforma tributaria porque efectivamente esto cuesta muchos votos en tiempos de campaña electoral. Pero mucho me temo que es inevitable una reforma de este tipo en un país que grava el pan con impuestos al valor agregado, mientras los grandes rentistas tienen reducción de impuestos bajo supuestos inevitables como la generación de empleo y la dinamización de los mercados. ¿de qué otra manera habría de consolidarse una élite rentista? Paguen o no impuestos estos postulados se cumplirán, y por lo demás la carga de soportar el aparato del Estado no recaerá sobre los ciudadanos de rentas medias. Si es necesario incrementar los recursos del Estado, esto debe hacerse siguiendo el principio de eficiencia, equidad y progresividad, gravando el consumo oneroso, y canalizando el sistema impositivo hacia los sectores de rentas altas. Pero además, por el amor de dios, salvando los cuatro billones de pesos que se dejan al año en concepto de corrupción.

Se viene otra vez el asunto de la Reforma Política, asunto quisquilloso que nos persigue desde 2003, y que se ha ido colando de a poquitos vía Acto Legislativo (incluida reelección presidencial). No sólo está el debate de las cosas que se deben incluir en la Reforma Política, sino en la manera en que debe hacerse. Para el sector oficialista la cuestión está dada por inspiración divina, que ni siquiera está respaldado por un concepto técnico o académico, asumiendo el Estado unitario-central como postulado básico para el progreso, que pasa por la consolidación de partidos igualmente fuertes y unitarios, por lo que excluye todos los sectores que se muevan por fuera de los canales institucionales del Estado.

La cuestión es bien diferente: una reforma de este tipo debe partir del constituyente primario, es decir el pueblo, y no de un cuerpo colegiado que se dice representativo cuando es en realidad bastante ilegal y bastante ilegítimo, además de poco representativo. En efecto se pueden plantear los temas que debe incluir como la relación de la política, la economía "sumergida" y el conflicto armado, como el auspicio de grupos armados ilegales y dineros del narcotráfico, la responsabilidad de los partidos políticos en estos actos , la inhabilidad por estos actos de familiares, y la confiscación de bienes así obtenidos. Se pueden plantear los temas estructurales de la institucionalidad política como la doble militancia, la reelección de gobernadores y alcaldes, y el voto público en el congreso.

Pero todos estos temas deben ser supeditados al debate con la sociedad civil, como constituyente primario y agente determinante del tipo de sociedad que se quiere ser y responsable moral de los principios que se quiere defender, y con la academia, como técnicos del ejercicio de la política. Una reforma de este tipo debe conseguirse mediante el consenso en las metas que se quiere alcanzar como país y como sociedad, y los medios legítimos para conseguirlos. Según sea el alcance la reforma que se persigue, se verá si los mecanismos pasan por referendo, consulta o asamblea constituyente.

También se viene otra vez la Reforma Jurídica, en principio la misma que se le enredó al ministro Cossio en los vericuetos del referendo reeleccionista. De los tres estamentos del poder público la justicia es el menos ilegítimo en la actual configuración de poderes. La propuesta de Cossio se basaba en la reorganización de las altas Cortes y la forma de juzgar a los congresistas. Pero una reforma del aparato jurídico debe partir de la garantía de justicia para el grueso de población, que de acceso a la justicia a los que no tienen capacidad adquisitiva, es decir, que democratice la justicia. Este es el problema fundamental de la justicia en Colombia. La cuestión de las altas Cortes y el juzgamiento a congresistas pasa por un enfrentamiento entre el ejecutivo y el judicial, que sólo perjudica el ejercico de la democracia al establecer un supuesto orden de legitimación en lo que se quiso bautizar como un “estado de opinión”.

De las ramas del poder público, la justicia es también la que menos ha padecido el escándalo de la infiltración de los grupos ilegales armados y del financiamiento del narcotráfico. Esto no quiere decir que no lo haya habido ni que no se deba investigar y controlar. Tampoco quiere decir que estos grupos no tengan influencia sobre el aparato de justicia, sino que el mecanismo de cooptación del aparato jurídico fue diferente: no fue necesario poner jueces y notarios, sino testigos, pruebas, y escriturar de manera conjunta con ellos. Ante esto, la reforma jurídica también pasa por el saneamiento en el ejercicio de la justicia, y debe incluir a los mecanismos de control y defensa del ciudadano, a la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y las Altas Cortes no sólo como objeto de la Reforma sino como sujeto en el debate y actores en el consenso. También debe incluir a la academia como técnicos del proceso jurídico y partir en todo caso del principio de democratización de la justicia.

Finalmente la gran reforma pendiente es la Reforma Agraria. El nuevo gobierno se apresura de nuevo a firmar el TLC con Estados Unidos y con la Unión Europea bajo la base de la desregulación de los mercados. Los sectores contestatarios y los pequeños y medianos productores cierran filas en contra del gobierno. Pero el tema de los tratados de libre comercio es una cuestión que poco depende de los gobiernos nacionales, sino del orden de las organizaciones supranacionales que operativizan el proceso de globalización. Por lo tanto poco importa si fue Uribe o si es Santos quien consigue firmarlo, como en los 90 poco importaba si hubiera sido Pastrana o si fue Gaviria quien desarrollase la política de apertura de mercados, ya que son procesos globales a los cuales no se puede evitar asistir.

Lo que si es discutible es la manera de participar en ellos, y el debate requiere encarar dos puntos fundamentales: 1. Que como prerrequisito de la firma del cualquier TLC, ha de darse la reforma agraria a nivel interno, y 2. Que una negociación en condiciones de igualdad sólo puede darse enfrentándose en bloque con economías asimétricas, por lo que debe ser tratado como un tema en la Comunidad Andina de Naciones, en el Mercosur y en el Caricom, y nunca como negociaciones de países dependientes con potencias industriales.

El asunto de la tierra es de los más quisquillosos al tratar el asunto del conflicto armado y su influencia. Ahora el asunto es establecer los vínculos entre los grupos empresariales y los grupos armados ilegales y el cambio geográfico en cuanto a la distribución y productividad de la tierra. Por lo tanto el tema de la reforma agraria incluye tanto la propiedad como el uso de la tierra, y debe darse partiendo de los factores históricos y culturales, considerando que no es sólo un tema de productividad, sino que está consagrado como derecho cultural al territorio. Compete a todos los grupos minoritarios y vísctimas del desplazamiento y debe estar pensada en la igualdad y la restitución para estos colectivos, incluir a indígenas, afrodescendientes, y campesinos, siendo estos los principales actores con los que se debe consensuar.

Esta perspectiva reformista habrá que analizarla al detalle respecto a su evolución durante los próximos cuatro años. Un gobierno que se llame de Unidad Nacional no sólo ha de repartir cuotas burocráticas con los demás partidos políticos. En aras de ser coherente, debe llamar al debate y a la participación a los sectores contestatarios, a los actores no institucionales y plantear las reformas estructurales desde abajo, consolidando políticas públicas que estén en coherencia con los proyectos de las comunidades. Un supuesto gobierno de unidad nacional debe partir del principio de redistribución del poder como fundamento del desarrollo social, la autodeterminación de los pueblos y la interculturalidad. Lamentablemente presiento que no es el pretendido de Santos.

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Analista invitado Ciudadano Activo

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Facebook y la democracia radical.

Hay razones para ser optimistas. Esta vez las buenas nuevas vienen de la mano de un anónimo “ciudadano activo” y 62.047 miembros del grupo virtual “¿cuál primera vuelta?” de facebook, que en ejercicio de una ciudadanía crítica, han emprendido la dispendiosa labor de corroborar los formularios E-14 de los jurados con el preconteo de votos de la Registraduría. Tras los vicios procesales de las elecciones legislativas, las denuncias de fraude en Valle, Bolívar y Atlántico, y la inoperancia (o falta de voluntad) para corregir los fallos y dar buena fe de los resultados electorales, el máximo órgano encargado de dirigir y organizar el proceso electoral se encuentra en la mira de varios sectores de la sociedad que, en avanzada hacia la consolidación de una democracia radical y participativa, están realizando una auténtica auditoria popular. Ejercicio pionero en América Latina.

Y de eso se trata. Hay que aplaudir, apoyar y blindar todo esfuerzo por ejercer un control civil de la administración pública. Tal es el camino de la madurez política. En Colombia se empieza a entender que las instituciones están al servicio de los ciudadanos, y estos se ven como responsables del buen funcionamiento de aquellas. En un estado que pierde su legitimidad en los senderos de la corrupción y la ineficacia, el empoderamiento de la sociedad civil como agente de control es una inyección de esperanza por la transparencia.

Frente a la apócrifa democracia representativa que cae al vacío en tanto no representa, surge la propuesta de la democracia radical, que entiende al ciudadano como agente capaz de razonar de manera crítica con voz propia. Frente a la falacia de la democracia participativa que se desmorona cada vez que niega y excluye a los sectores contestatarios de la sociedad, surge la propuesta de una democracia deliberativa, que entiende los procesos de cambio social como resultado de un debate entre todos los agentes involucrados que, mediante la argumentación y el entendimiento, han llegado a un consenso. Y frente a la incompetencia de una democracia liberal-burguesa que supedita las necesidades sociales a los intereses de la clase corporativa, surge la propuesta de una democracia real, que compromete a la administración pública a ocuparse de las demandas populares.

       El experimento cobra aún más significado en cuanto es abierto y plural. Convoca a todos los sectores que puedan sentirse vulnerados en el preconteo de las elecciones, sin presentar de manera tácita una inclinación por algún partido o candidato, y sin apresurarse a presentar conclusiones. Este punto es más difícil de remediar, pues el grupo no ha tardado en caer en el reclamo partidista (en este caso de los verdes), en las acusaciones de manipulación electoral, y en la lógica del desprestigio al adversario. Todo esto en detrimento de un control objetivo e imparcial de las instituciones de la administración pública, objetivo inicial del grupo.

El grupo ha conseguido que la Registraduría se manifieste al respecto y aclare a la opinión pública los descalabros que han hecho evidentes. En comunicado de prensa Nº 213 de 2010 se dice que “las posibles diferencias entre el proceso de preconteo y los formularios E-14 son irrelevantes para el escrutinio, ya que en éste no se toman en cuenta los resultados del preconteo”. Pero eso no explica, señor Registrador, por qué los datos de los formularios E-14, con los que se realizan las actas parciales E-24, y el acta general E-26, presentan correcciones fuera de lugar y evidentes signos de manipulación. Es eso lo que hay que revisar, aunque estuvo bueno el intento por distraer la atención. Las investigaciones se seguirán haciendo y seguirán un curso que a estas alturas resulta inevitable, la impugnación o el reconteo.

En efecto, el ejercicio no se puede abandonar. Ni para la segunda vuelta de las presidenciales ni para las próximas elecciones. La utilización de las nuevas tecnologías en el adiestramiento de una sociedad civil capaz de pensarse como responsable de la eficiencia de las instituciones, es un paso importante en la construcción de una verdadera democracia. Queda advertida la Registraduría que a lo que se enfrenta es a una ciudadanía crítica decidida a tomar las riendas de nuestro destino como comunidad política.

Los muertos del Naya, la paz no hallan.

A nueve años de la masacre del Alto del Naya, las heridas siguen sangrando. Se abren nuevamente y siguen sumando muertos que engrosan las cuentas de la impunidad. La impunidad de un Estado aberrado que es juez y verdugo por acción y por omisión. La lacra de la impunidad que ha encontrado asidero en la cultura política colombiana, que ni ve ni escucha ni habla, porque eso no es asunto mío y alguien tenía que hacerlo. En Colombia se asesina a los dirigentes de las organizaciones de víctimas, mientras que el gobierno habla de postconflicto, radica proyectos de Ley de “Justicia y Paz” para los victimarios, y tumba el proyecto de Ley de víctimas porque plata para eso no hay.

Los sucesos del Naya son una síntesis del tejemaneje que se ha dado al asunto del paramilitarismo en Colombia, y a su vez, un reflejo de lo que ha acontecido en otros lugares del país: la zona tenía una gran presencia de las Farc, (columna móvil Jacobo Arenas y el Frente VI) y el Eln. Tras la reestructuración organizacional de estos grupos durante el periodo Pastrana con la zona de despeje, y al dar por terminadas las negociaciones se incrementan las acciones beligerantes, sobre todo las de contenido simbólico, como la toma de la Iglesia La María en 1999 y el secuestro de los diputados. Todo esto actúa como el marco idóneo para legitimar la acción que, utilizando los mismos medios, diera fin a las guerrillas en la zona.

En este orden de cosas, empresarios y exportadores de alcaloides coinciden en “invitar” a las Autodefensas Unidas de Colombia a la región. El encargado es Ever Velosa, H.H., quien comandara el Bloque Bananeros, y desde entonces comandaría el Bloque Calima en el Cauca y el Valle. A partir de diciembre de 2000 y durante el 2001 la arremetida en la región es a sangre y fuego, se suceden varios hostigamientos, combates, asesinatos selectivos y demás actos de intimidación en varios municipios de la región, desde el Naya hasta el pacífico, bien conocidos por la opinión gracias a su atrocidad. Destaca por sanguinario la masacre del Naya, que dejó 30 muertos, más de cien desaparecidos y 4.000 personas desplazadas. Con ellos empezaría a trabajar Alex Quintero, abanderado de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

  Para el año 2004, el Bloque Calima entra a formar parte del entramado de las desmovilizaciones, el proyecto publicitario del gobierno para desligarse de los grupos paramilitares y relegitimarse como clase en el ejercicio del poder. En el caso del bloque Calima, hacen entrega de armas 564 militantes al mando de H.H., aunque el ejército estimaba en 900 hombres su pie de fuerza. El otro pretendido de las desmovilizaciones era el de limpiar el nombre de las fuerzas del orden, una vez gozando del mando sobre estas, estableciendo una separación entre el uso de la fuerza legal y el ilegal, magistralmente desmovilizado.

Pero hay cosas que aunque se escondan, huelen. Y en septiembre del año pasado fue capturado el general (r) Francisco René Pedraza, involucrado en las versiones libres de Ever Velosa, y acusado por la Fiscalía de “homicidio múltiple agravado, desplazamiento forzado agravado, concierto para delinquir agravado y terrorismo” por su participación en las acciones del Naya. También sería Velosa quien en sus versiones diera cuenta de sus antecesores al mando del Bloque Calima, Román, un sargento retirado del ejército, y don José, mayor retirado del ejército. A su vez, la comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunciaría que entre los perpetradores de la masacre había uniformados con insignias del batallón Pichinchá de la Brigada 3 del ejército.

No hace falta más que escuchar las denuncias que sin pelos en la boca hacía el mismo Alex Quintero, en la octava conmemoración de la masacre del Naya, “nosotros que hemos sentido, que hemos vivido el desplazamiento, que hemos visto como los agentes que nos representan a nosotros, agentes del gobierno nacional, han accionado con los mismos paramilitares en las zonas montañosas […] Cuando veíamos nosotros coordinar acciones militares entre los paramilitares y la fuerza pública, cuando nos paraba un retén paramilitar y a los diez quince minutos nos paraba un retén militar […] Es por eso que nosotros las víctimas siempre seguimos reclamando, que si libertad en Colombia se quisiera, nosotros, con una confianza de que sí el gobierno tiene una voluntad, se debería empezar a judicializar a esos comandantes, a esos policías. Ya H.H. lo ha dicho en varias versiones, el gobernador se reunió con nosotros, Luís Fernando Velazco también se reunió con nosotros. Y aquí parece que no pasara nada. Eso es muy complicado para una democracia, para un país que se dice que es democrático”

Ahora y hasta ahora, cuando se empieza a saber la verdad, hay un nuevo problema no menor que el del paramilitarismo. Según algunos analistas consiste en un resurgimiento de las estructuras paramilitares. Según el gobierno y la fuerza pública, son Bandas Criminales Emergentes, BANCRIM, y es que no se puede tirar por borda esa pieza magistral de la desmovilización que orquestara Luís Carlos Restrepo.

Velosa fue enviado al sur del Valle como hombre de confianza de los hermanos Castaño, para reestructurar política y militarmente las Autodefensas que se habían convertido en ejércitos privados de los carteles de la droga. Desde entonces y hasta su “desmovilización” se financiaron de este mercado. Mercado que hoy disputan Diego Montoya, al comando de “Los Machos”, para que no quede duda, y Wilber Varela, al mando de “Los Rastrojos”, ambas organizaciones conformadas en gran parte por exparamilitares a quienes el gobierno incumplió en los tratos, como ha hecho otras veces, situación que lleva prolongando la guerra en Colombia durante varias décadas. Es que hay que tener palabra. También la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, ha denunciado la presencia de otras Bandas Emergentes, en especial de la banda “Organización Nueva Generación (ONG)” y las “Águilas Negras”.

El asesinato de Alex Quintero, el asesinato de cualquier defensor de los derechos humanos, de los líderes comunales de la resistencia civil frente al conflicto armado, nos recuerda que mientras no se hable claramente del conflicto armado como condición estructural del mercado de la droga, seguirá corriendo la sangre, aumentando los rencores, aumentando la sed de venganza, y la guerra se perpetuará. Es un debate que pasa por toda la sociedad, y no sólo la colombiana, que respecta a que todo consumo genera su propio mecanismo de producción, y a nosotros nos tocó el de la coca. El sistema de producción que para mantenerlo rentable requiere que sea ilegal. El mismo mercado que financia estos ejércitos o bandas irregulares, que se encargan de crear bastiones electorales alrededor de la geografía nacional. Y ninguno de ellos, ninguno, tiene la intención de que este orden de cosas se acabe.