Nicaragua y Colombia. Más allá de la Haya y la oportunidad de pasar a los anales de la historia

Por SANTIAGO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

ssanchezj@unal.edu.co

Dos gobiernos enfrascados en la posesión, derroche de fondos públicos en litigios internacionales, desgaste diplomático, y dos pueblos enfrentados en lo patético de la exacerbación nacionalista. Se nos va otra oportunidad de hacer historia, de tomar las riendas de nuestros destinos políticos, de tomar parte activa y positiva en la globalización, y de construir humanidad. La propuesta: establecer el primer tratado en la historia de aguas binacionales. Tan fácil y complicado a la vez.

Latinoamérica queda reducida a la mitificación febril de adolescentes en concierto de calle 13. La Corte Internacional de Justicia, en su sapiencia universal, asume la potestad de repartir el orbe, a la mejor usanza de las bulas Alejandrinas, demostrando quién ejerce ahora la hegemonía en el Estado total, global, e imperial. El gobierno de Nicaragua se enfrenta a la ineludible contradicción de abanderarse de un proyecto latinoamericano a expensas de la adjudicación de territorios mediante el expansionismo jurídico-diplomático, y de profesar la autonomía de los pueblos haciendo uso del aparato burocrático del poder global. El gobierno de Colombia recibe su correlativa pérdida de popularidad y, presto a pasar la papa caliente, deja ponchados a los antecesores mandatarios, ahora ausentes, carentes de poder resolutivo; se prepara una estrategia ambigua que pendula entre la súplica y la guerra. El gobierno de Santos queda expuesto a la difícil paradoja de legitimar la desobediencia civil en Colombia de no acatar el fallo de la Corte. ¿O no?

Los menos escuchados, los realmente afectados, la población aledaña nativa, queda al margen de todos: son los menos y lo de menos. Rápidamente hay que prestar atención y posicionarse en las islas, Plan San Andrés, emergencia social, conferencia diplomática, y otras puestas en escena, aunque finalmente serán los raizales quienes determinen en función del populismo o de su operatividad. De momento, brazadas de ahogado en el juego mediático. Que no se diga, como del Panamá decimonónico, que el Estado no hace caso de sus territorios provinciales. Pero haciendo un ejercicio de historia contrafactual, convendría preguntarles a los hermanos panameños qué imaginan que hubiese sido de su devenir socio-político sí aún fuese parte de Colombia. Mucho me temo que nadie está dispuesto a hacer el ejercicio.  

La discusión sobre acatar o no el fallo de la CIJ, y el retiro del Pacto de Bogotá, forman parte de la pataleta pueril de un gobierno en busca de reelección. Es como el niño que lleva todo el recreo jugando a las escondidas con los amigos, pero cuando le toca contar, entonces ya no quiere jugar más y se tira el juego. Al hacer presencia en los organismos internacionales, al enviar a un cuerpo diplomático en un litigio de más de una década, y -no sobra decirlo- dedicar una gran cantidad de dineros públicos al asunto, se legitima mediante el uso la capacidad del tribunal de mediar en el asunto. Desde el argumento más cándido, aquel que dice que acatar el fallo de la CIJ  va en contra de la Constitución Política de Colombia (como si en estos 21 años hubiesen sido pocos o leves los Actos Legislativos, o como si hubiese regido en efecto un modelo constitucional), hasta las demostraciones de alineación internacional en materia de armamento y belicosidad (o por qué Colombia se abstuvo en la votación para reconocer Palestina como Estado no Miembro), el problema radica en la pérdida de soberanía: le patiaron la lonchera.

Soberanía que, a día de hoy, en Colombia, no ha sido otra cosa que hacer presencia militar, en un país donde el derecho a la coacción lo ejerce todo aquel que sea capaz de afilar un pedazo de latón. Y siendo que más vale maña que fuerza, establecer el primer tratado de aguas binacionales en la historia de la humanidad tiene potentes consecuencias positivas:

   1. Escapar de los tentáculos de la gobernabilidad global -el aparato jurídico imperial-, sin necesidad de evadirse de los postulados positivos del ordenamiento global (solución pacífica de conflictos, mediación diplomática, tratado de buenos oficios, primacía regional, etcétera).

   2. Maximizar el beneficio conjunto de los actores en disputa, aún a riesgo de disminuir el potencial beneficio egoísta de cualquiera de ellos, demostrando una actitud histórica de solidaridad y fraternidad entre naciones. Como secuela de esto, se daría pie a una larga y estrecha relación de cooperación entre Nicaragua y Colombia, más por implicaciones de gobernabilidad que de alineación ideológica.

   3. Sentar antecedente en materia de territorios binacionales, estableciendo un marco de cooperación multinacional y soberanía compartida.

   4. Incrementar la capacidad de negociación en bloque frente a Repsolianas compañías y agentes corporativos transnacionales, que ávidamente se dan a la tarea de legitimar la apropiación nacional del territorio mediante la extracción intensiva de recursos.

  5. Al establecer un control binacional sobre los márgenes gananciales resultantes de estas explotaciones, contribuye a la democratización de los recursos, divididos equitativamente.

  6. Incluso en términos electorales, ya sea en beneficio de Partido o de la figura carismática de los presidentes en ejercicio, es incuestionable la favorabilidad que resultaría de un acuerdo de estas dimensiones. La relevancia de este punto en el grueso de la población nicaragüense y colombiana es subjetiva.

  7. Y lo más importante de todo, resarcir a la población directamente afectada por el litigio, detentores primarios de la potestad sobre el territorio, sobre las pretensiones estatales y supranacionales. En este sentido se debe procurar la primacía de la consulta y aprobación previa a los raizales, tratados de libre circulación por los territorios nacionales (al igual que se tiene con Brasil en Tabatinga y Leticia), y concesión de la doble ciudadanía. Para empezar.    

No se puede negar el sustrato ideológico que subyace a la disputa, proclive en abierto a un determinado posicionamiento en el orden internacional. Pero un marco de integración regional debe entenderse precisamente con el contrario, ese es el verdadero reto político, pues hacer equipo con el que piensa igual no tiene mérito. Un acuerdo desde el posicionamiento enfrentado tiene la peculiaridad de hacerse duradero, al contrario de los tratos entre afines, supeditados a la permanencia del otro. Particularmente, colombianos y nicaragüenses tenemos más lazos de fraternidad emocional que conocimiento sobre las realidades del otro. A su vez, el grueso de la población de los dos países no llegará a vislumbrar si quiera los ingentes beneficios derivados del usufructo de este espacio territorial, seamos claros.  

Pero el efecto simbólico de compartir un espacio territorial tiene mucha más relevancia que todo discurso nacionalista, que a fin de cuentas se basa en la egolatría mitificada de una figura de dominación, discurso que es útil solamente a las élites nacionales y locales que ostentan el poder. Como hermanos peliando por el juguete nuevo, eso es de los dos. Dos pueblos, que no gobiernos, haciendo historia. Larga vida a Nicaragua.