por Santiago Sánchez
La movilización social no es solamente una forma de
participación política, si no la muestra de la inexistencia, ineficacia,
inutilidad, o precariedad de las vías
institucionales de participación política, constitucionalmente consagradas,
precariamente legisladas, prácticamente precarias, y funcionalmente extraviadas.
La radicalización de la movilización, la confrontación
directa entre ciudadanos y fuerzas del Estado y la inclinación hacia las vías
de hecho, responden a una serie de causas operativas y socio-culturales: 1) un
sector contestatario que propende por la lucha radical como mecanismo de
presión en la negociación política, incluso con participación de proyectos
político-militares asentados en las regiones; 2) infiltración estratégica de
fuerzas policiales con el fin de justificar frente a la opinión pública la
represión de la movilización; 3) acciones coactivas por parte de la fuerza
pública como mecanismo de intimidación para restar masa crítica de apoyo civil;
4) negativa de la institucionalidad pública a reconocer la dimensión y el
alcance de la protesta social; 5) incapacidad y/o falta de voluntad de los
entes gubernamentales para cumplir los compromisos previos asumidos con los
diferentes actores por separado; 6) degradación sistémica de las organizaciones
cuya naturaleza es la actuar como mediadores y articuladores entre los reclamos
sociales y el Estado: partidos políticos y sindicatos subsumidos a lógicas
clientilistas, burocráticas, o corruptas; 7) efímero empoderamiento de las
instancias de participación ciudadana reglamentadas; y 8) ausencia de un
proyecto o una alternativa conciliada, debatida ampliamente, consensuada por
parte de la Sociedad Civil, que se vea en entredicho por la radicalización de
la movilización.
Y en este último punto vale la pena detenerse: el reclamo
social se presenta como negación de las prácticas institucionales y gremiales,
pero carece de una contrapropuesta viable. Existen varias, pero adolecen de
inmediatismo y dispersión. En consecuencia, la radicalización de la
movilización realmente no representa un detrimento para alcanzar unas metas
inexistentes. Al no ser una propuesta conciliada por los actores sociales
analizada en sus componentes técnicos y operativos, ni presentarse como una
alternativa real, sólo queda el patetismo de la rabia, el desahogo de la
frustración.
La lógica del conflicto armado construye el imaginario
social de las instancias de resolución de los reclamos sociales: reprimir la
protesta social por un lado, y negociar con actores abanderados de la lucha
armada como única salida frente a la exclusión de la participación política por
el otro, resulta una práctica aberrante (por decir lo menos) que reconstruye el
escenario originario del conflicto armado en Colombia, vaticinando uno de los
posibles desenlaces de este drama.
Crear condiciones para la Paz y la resolución asertiva de los
conflictos dista mucho de acordar, refrendar, decretar, legislar, u ordenar. Escapa
también a las posibilidades materiales de cualquier actor por separado y nos
convoca a todos, de lleno y al unísono, a enfrentar el reto de construir
alternativa. Ahora es cuando la sociedad debe enfrentarse con la pregunta
siempre aplazada de cuál es mi responsabilidad con construcción de una sociedad
que resuelve sus problemas de manera pacífica, y lavarse del facilismo de
exculpar las responsabilidades personales inculpando a un actor armado
(institucional o al margen de la ley).
El compromiso de la solidaridad con los campesinos en
particular, y con la justicia social en general, implica denostar toda forma de
acción violenta en la cotidianeidad, transitar a las formas de manifestación
noviolenta, y tomar las banderas de la resistencia civil frente a la exclusión
de la participación política. Por su parte el gobierno, más aún, el Estado, ha
de replantear sus tácticas represivas y asumir su responsabilidad en la
consolidación de espacios de diálogo y concertación entre y con el grueso de la
Sociedad Civil desarmada, y frente a la promesa incumplida de la prosperidad, ha
de volcarse en la política de Paz para
todos.
