El Paro Agrario y la Paz más acá de La Habana

por Santiago Sánchez

Sirva este Paro Agrario para medir las condiciones reales para la construcción de la paz incluyente e inclusiva, léase, con el conjunto de la sociedad civil desarmada. Frente a la expectativa que generan los diálogos con las FARC, la venidera mesa de negociación con el ELN, y la coyuntura electoral, el cuestionamiento de fondo es acerca de la voluntad del resto de la sociedad por practicar la paz. Ahora, cuando se revela la hipocresía entre las prácticas y los discursos, queda de manifiesto la incapacidad del Estado y los actores armados para construir una sociedad en paz. Conseguirlo depende del compromiso de cada uno de nosotros.

La movilización social no es solamente una forma de participación política, si no la muestra de la inexistencia, ineficacia, inutilidad, o precariedad de las vías institucionales de participación política, constitucionalmente consagradas, precariamente legisladas, prácticamente precarias, y funcionalmente extraviadas.

La radicalización de la movilización, la confrontación directa entre ciudadanos y fuerzas del Estado y la inclinación hacia las vías de hecho, responden a una serie de causas operativas y socio-culturales: 1) un sector contestatario que propende por la lucha radical como mecanismo de presión en la negociación política, incluso con participación de proyectos político-militares asentados en las regiones; 2) infiltración estratégica de fuerzas policiales con el fin de justificar frente a la opinión pública la represión de la movilización; 3) acciones coactivas por parte de la fuerza pública como mecanismo de intimidación para restar masa crítica de apoyo civil; 4) negativa de la institucionalidad pública a reconocer la dimensión y el alcance de la protesta social; 5) incapacidad y/o falta de voluntad de los entes gubernamentales para cumplir los compromisos previos asumidos con los diferentes actores por separado; 6) degradación sistémica de las organizaciones cuya naturaleza es la actuar como mediadores y articuladores entre los reclamos sociales y el Estado: partidos políticos y sindicatos subsumidos a lógicas clientilistas, burocráticas, o corruptas; 7) efímero empoderamiento de las instancias de participación ciudadana reglamentadas; y 8) ausencia de un proyecto o una alternativa conciliada, debatida ampliamente, consensuada por parte de la Sociedad Civil, que se vea en entredicho por la radicalización de la movilización.

Y en este último punto vale la pena detenerse: el reclamo social se presenta como negación de las prácticas institucionales y gremiales, pero carece de una contrapropuesta viable. Existen varias, pero adolecen de inmediatismo y dispersión. En consecuencia, la radicalización de la movilización realmente no representa un detrimento para alcanzar unas metas inexistentes. Al no ser una propuesta conciliada por los actores sociales analizada en sus componentes técnicos y operativos, ni presentarse como una alternativa real, sólo queda el patetismo de la rabia, el desahogo de la frustración.

La lógica del conflicto armado construye el imaginario social de las instancias de resolución de los reclamos sociales: reprimir la protesta social por un lado, y negociar con actores abanderados de la lucha armada como única salida frente a la exclusión de la participación política por el otro, resulta una práctica aberrante (por decir lo menos) que reconstruye el escenario originario del conflicto armado en Colombia, vaticinando uno de los posibles desenlaces de este drama.  
Crear condiciones para la Paz y la resolución asertiva de los conflictos dista mucho de acordar, refrendar, decretar, legislar, u ordenar. Escapa también a las posibilidades materiales de cualquier actor por separado y nos convoca a todos, de lleno y al unísono, a enfrentar el reto de construir alternativa. Ahora es cuando la sociedad debe enfrentarse con la pregunta siempre aplazada de cuál es mi responsabilidad con construcción de una sociedad que resuelve sus problemas de manera pacífica, y lavarse del facilismo de exculpar las responsabilidades personales inculpando a un actor armado (institucional o al margen de la ley).


El compromiso de la solidaridad con los campesinos en particular, y con la justicia social en general, implica denostar toda forma de acción violenta en la cotidianeidad, transitar a las formas de manifestación noviolenta, y tomar las banderas de la resistencia civil frente a la exclusión de la participación política. Por su parte el gobierno, más aún, el Estado, ha de replantear sus tácticas represivas y asumir su responsabilidad en la consolidación de espacios de diálogo y concertación entre y con el grueso de la Sociedad Civil desarmada, y frente a la promesa incumplida de la prosperidad, ha de volcarse en la política de Paz para todos. 

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