Los muertos del Naya, la paz no hallan.


A nueve años de la masacre del Alto del Naya, las heridas siguen sangrando. Se abren nuevamente y siguen sumando muertos que engrosan las cuentas de la impunidad. La impunidad de un Estado aberrado que es juez y verdugo por acción y por omisión. La lacra de la impunidad que ha encontrado asidero en la cultura política colombiana, que ni ve ni escucha ni habla, porque eso no es asunto mío y alguien tenía que hacerlo. En Colombia se asesina a los dirigentes de las organizaciones de víctimas, mientras que el gobierno habla de postconflicto, radica proyectos de Ley de “Justicia y Paz” para los victimarios, y tumba el proyecto de Ley de víctimas porque plata para eso no hay.



Los sucesos del Naya son una síntesis del tejemaneje que se ha dado al asunto del paramilitarismo en Colombia, y a su vez, un reflejo de lo que ha acontecido en otros lugares del país: la zona tenía una gran presencia de las Farc, (columna móvil Jacobo Arenas y el Frente VI) y el Eln. Tras la reestructuración organizacional de estos grupos durante el periodo Pastrana con la zona de despeje, y al dar por terminadas las negociaciones se incrementan las acciones beligerantes, sobre todo las de contenido simbólico, como la toma de la Iglesia La María en 1999 y el secuestro de los diputados. Todo esto actúa como el marco idóneo para legitimar la acción que, utilizando los mismos medios, diera fin a las guerrillas en la zona.



En este orden de cosas, empresarios y exportadores de alcaloides coinciden en “invitar” a las Autodefensas Unidas de Colombia a la región. El encargado es Ever Velosa, H.H., quien comandara el Bloque Bananeros, y desde entonces comandaría el Bloque Calima en el Cauca y el Valle. A partir de diciembre de 2000 y durante el 2001 la arremetida en la región es a sangre y fuego, se suceden varios hostigamientos, combates, asesinatos selectivos y demás actos de intimidación en varios municipios de la región, desde el Naya hasta el pacífico, bien conocidos por la opinión gracias a su atrocidad. Destaca por sanguinario la masacre del Naya, que dejó 30 muertos, más de cien desaparecidos y 4.000 personas desplazadas. Con ellos empezaría a trabajar Alex Quintero, abanderado de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

  Para el año 2004, el Bloque Calima entra a formar parte del entramado de las desmovilizaciones, el proyecto publicitario del gobierno para desligarse de los grupos paramilitares y relegitimarse como clase en el ejercicio del poder. En el caso del bloque Calima, hacen entrega de armas 564 militantes al mando de H.H., aunque el ejército estimaba en 900 hombres su pie de fuerza. El otro pretendido de las desmovilizaciones era el de limpiar el nombre de las fuerzas del orden, una vez gozando del mando sobre estas, estableciendo una separación entre el uso de la fuerza legal y el ilegal, magistralmente desmovilizado.



Pero hay cosas que aunque se escondan, huelen. Y en septiembre del año pasado fue capturado el general (r) Francisco René Pedraza, involucrado en las versiones libres de Ever Velosa, y acusado por la Fiscalía de “homicidio múltiple agravado, desplazamiento forzado agravado, concierto para delinquir agravado y terrorismo” por su participación en las acciones del Naya. También sería Velosa quien en sus versiones diera cuenta de sus antecesores al mando del Bloque Calima, Román, un sargento retirado del ejército, y don José, mayor retirado del ejército. A su vez, la comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunciaría que entre los perpetradores de la masacre había uniformados con insignias del batallón Pichinchá de la Brigada 3 del ejército.



No hace falta más que escuchar las denuncias que sin pelos en la boca hacía el mismo Alex Quintero, en la octava conmemoración de la masacre del Naya, “nosotros que hemos sentido, que hemos vivido el desplazamiento, que hemos visto como los agentes que nos representan a nosotros, agentes del gobierno nacional, han accionado con los mismos paramilitares en las zonas montañosas […] Cuando veíamos nosotros coordinar acciones militares entre los paramilitares y la fuerza pública, cuando nos paraba un retén paramilitar y a los diez quince minutos nos paraba un retén militar […] Es por eso que nosotros las víctimas siempre seguimos reclamando, que si libertad en Colombia se quisiera, nosotros, con una confianza de que sí el gobierno tiene una voluntad, se debería empezar a judicializar a esos comandantes, a esos policías. Ya H.H. lo ha dicho en varias versiones, el gobernador se reunió con nosotros, Luís Fernando Velazco también se reunió con nosotros. Y aquí parece que no pasara nada. Eso es muy complicado para una democracia, para un país que se dice que es democrático”



Ahora y hasta ahora, cuando se empieza a saber la verdad, hay un nuevo problema no menor que el del paramilitarismo. Según algunos analistas consiste en un resurgimiento de las estructuras paramilitares. Según el gobierno y la fuerza pública, son Bandas Criminales Emergentes, BANCRIM, y es que no se puede tirar por borda esa pieza magistral de la desmovilización que orquestara Luís Carlos Restrepo.

Velosa fue enviado al sur del Valle como hombre de confianza de los hermanos Castaño, para reestructurar política y militarmente las Autodefensas que se habían convertido en ejércitos privados de los carteles de la droga. Desde entonces y hasta su “desmovilización” se financiaron de este mercado. Mercado que hoy disputan Diego Montoya, al comando de “Los Machos”, para que no quede duda, y Wilber Varela, al mando de “Los Rastrojos”, ambas organizaciones conformadas en gran parte por exparamilitares a quienes el gobierno incumplió en los tratos, como ha hecho otras veces, situación que lleva prolongando la guerra en Colombia durante varias décadas. Es que hay que tener palabra. También la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, ha denunciado la presencia de otras Bandas Emergentes, en especial de la banda “Organización Nueva Generación (ONG)” y las “Águilas Negras”.



El asesinato de Alex Quintero, el asesinato de cualquier defensor de los derechos humanos, de los líderes comunales de la resistencia civil frente al conflicto armado, nos recuerda que mientras no se hable claramente del conflicto armado como condición estructural del mercado de la droga, seguirá corriendo la sangre, aumentando los rencores, aumentando la sed de venganza, y la guerra se perpetuará. Es un debate que pasa por toda la sociedad, y no sólo la colombiana, que respecta a que todo consumo genera su propio mecanismo de producción, y a nosotros nos tocó el de la coca. El sistema de producción que para mantenerlo rentable requiere que sea ilegal. El mismo mercado que financia estos ejércitos o bandas irregulares, que se encargan de crear bastiones electorales alrededor de la geografía nacional. Y ninguno de ellos, ninguno, tiene la intención de que este orden de cosas se acabe.



 

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