Carta de la ACIN a las FARC-EP. Respuesta de las FARC-EP a la ACIN
Carta de la ACIN
Lunes, 16 de Julio de 2012 11:51
Los pueblos indígenas no le hemos declarado la guerra ni a la guerrilla ni al Estado. Por eso nuestra Minga se hace cuidando siempre a la comunidad, y cuidándonos siempre de no darle ventaja militar a ninguno de los actores armados como ordena el Derecho Internacional Humanitario. No vamos a agredir a nadie, pero utilizaremos la fuerza de nuestra comunidad reunida, de nuestra palabra y de nuestros derechos para recuperar nuestros territorios.
Miranda, julio 15 de 2012
Señor
Timoleón Jiménez
Comandante de las FARC
Reciba un saludo de la Asociación de Cabildos Indígenas de Cxhab Wala
Kiwe (norte del Cauca) ACIN. Le escribimos desde nuestra resistencia a
la guerra, y desde nuestra voluntad indeclinable por la paz.
La semana antepasada los indígenas del Cauca reanudamos las acciones de
liberación y armonización de nuestros territorios, cumpliendo el
mandato de la Junta Directiva del CRIC del 20 de julio de 2011, donde
adoptamos la “Minga de resistencia por la autonomía y armonía
territorial y por el cese de la guerra”. Las acciones de liberación y
armonización iniciales consisten en el desmonte de las bases permanentes
de todos los actores armados, el desmonte de las trincheras y cambuches
de la fuerza pública y de la insurgencia, y la movilización masiva de
comuneros y comuneras a los sitios de concentración de las guerrillas
para impedir que hostiguen a la población de los municipios (sean
ataques, retenes o actividades amenazantes).
Los pueblos indígenas no le hemos declarado la guerra ni a la guerrilla
ni al Estado. Por eso nuestra Minga se hace cuidando siempre a la
comunidad, y cuidándonos siempre de no darle ventaja militar a ninguno
de los actores armados como ordena el Derecho Internacional Humanitario.
No vamos a agredir a nadie, pero utilizaremos la fuerza de nuestra
comunidad reunida, de nuestra palabra y de nuestros derechos para
recuperar nuestros territorios.
Como hemos dicho siempre, y formalmente a ustedes desde la Declaración
de Vitoncó, en 1985: No aceptamos sus fuerzas guerrilleras en nuestros
territorios. No las queremos y no las necesitamos.
No queremos la presencia guerrillera -ni de ningún ejército-- porque
estos territorios son nuestros desde tiempos inmemoriales. Si hoy están
dentro de la República de Colombia es porque desde la conquista española
nos las han venido robando.
No necesitamos su presencia porque la guerrilla no nos trae
tranquilidad; ustedes atacan a la población civil; ustedes irrespetan
nuestra autoridad y nuestra justicia. No ayudan a la autonomía: todo lo
que tenemos en gobierno propio lo hemos hecho nosotros y nosotras. Los
pueblos indigenas hemos dado pruebas de poder construir nuestros propios
sistemas económico, educativo, judicial y de salud. La guerrilla no nos
protegen de los atropellos de la fuerza pública; cuando llega el
Ejército los guerrilleros se van y se cuidan entre ellos. Tampoco
impiden que lleguen las transnacionales; para conseguir los recursos que
sostengan su ejército, hacen acuerdos con ellas.
Salgan de los territorios indígenas del Cauca. Aléjense de los sitios
poblados y de vivienda. No ataquen más a la población civil. No realicen
más ataques que con toda seguridad van a afectar a la población civil
aunque pretendan atacar solo a la fuerza pública. No usen armas de
efecto indiscriminado, como los llamados tatucos o las minas
antipersonales. No se atrincheren en las casas. Díganle a los milicianos
que no guarden armas ni explosivos en las viviendas de las familias.
Esperamos que las FARC cumplan voluntariamente con estas exigencias de
las comunidades. De cualquier modo las Autoridades, la Guardia Indígena y
las comunidades vamos a seguir liberando nuestros territorios de los
actores armados, que desarmonizan a la Madre Tierra y nuestra vida.
Respuesta de las FARC-EP a la ACIN
Compañeros:
Que ustedes expresen con tanto fervor su anhelo por la paz, confirma nuestra convicción de que las grandes mayorías colombianas claman en las cuatro esquinas del país por ese preciado bien. La guerra civil colombiana no ha sido una decisión del pueblo de este país, sino una imposición de sus clases pudientes dominantes. Es natural que el pueblo que la sufre la rechace con ahínco. Nosotros somos los primeros. Por eso la combatimos en todas las formas posibles.
Es un hecho reconocido por numerosos estudiosos de la realidad colombiana, que la guerra en nuestro país responde a un modelo de acumulación de capital. El despojo de la propiedad rural y su concentración en cada vez más pocas manos, ha coincidido de manera asombrosa con las sucesivas agresiones contra las zonas agrarias por parte de las fuerzas oficiales y paraoficiales. Pretextos para ellas nunca han faltado. Las FARC no estamos integradas por soldados pagos ni conscriptos, sino por gente sencilla del pueblo de Colombia que se ha levantado a la resistencia. Campesinos, indígenas, negros y mestizos que decidimos enfrentar con las armas la agresión.
Es absolutamente cierto que el despojo contra los indígenas americanos lleva más de cinco siglos. Razón de más para luchar por su justa reivindicación. Compartimos completamente todas las aspiraciones de las comunidades indígenas y de hecho las estamos apoyando al riesgo de nuestra propia vida. Pero la fuerza de los hechos históricos impone también que los indígenas no son las únicas comunidades violentadas y perseguidas en Colombia.
A veces parece desprenderse de sus sinceras alegaciones, que las comunidades indígenas sólo miran por ellas mismas, desconociendo la suerte de los demás desposeídos y perseguidos de Colombia, que suman por lo menos treinta millones de compatriotas. El grave conflicto colombiano no puede ser solucionado sólo para las comunidades indígenas, simplemente porque ustedes hacen parte de Colombia, habitan en territorios codiciados por los mismos terratenientes e inversionistas que despojan a colonos, mineros, trabajadores y demás sectores explotados.
Con todo el respeto y la consideración que merecen, me permito expresarles que no es aislándose del resto de colombianos que claman fervientemente por la paz y la justicia social, como van a lograr conquistar sus viejos anhelos. El Ejército colombiano no sólo ocupa resguardos indígenas, sino que cumple su labor predadora por todo el territorio nacional. Su misión es prestar seguridad a inversionistas, empresarios y terratenientes nacionales o del extranjero, al precio de aplastar cualquier oposición al modelo de saqueo y empobrecimiento que defienden.
Nosotros no sólo creemos que el Ejército debe salir de las comunidades indígenas, sino de todo el campo colombiano. Su misión natural es guarnecer las fronteras en defensa de la soberanía nacional, pero las clases dominantes lo han convertido en una máquina al servicio de poderosos intereses extranjeros, dirigida directamente por generales norteamericanos.
El reconocimiento de la autonomía y la autoridad de las comunidades indígenas no nos hacen ciegos ante la suma de intereses que llegan a ellas. Si los conquistadores españoles se valieron de la Iglesia, los halagos personales y hasta de la corrupción de muchos caciques como mecanismos de avanzada para su presencia expoliadora, sabemos que igual sucede hoy con diversas organizaciones de rostro humanitario, benefactor o clientelista. Fenómenos así minan la credibilidad de muchos liderazgos en la propia base indígena y descomponen su organización.
Sentimos sincero respeto por su oposición al empleo de la violencia como mecanismo de lucha. En una humanidad civilizada, ajena a los intereses de clase, seguramente que tal pretensión será generalizada. Por eso luchamos. Pero no es menos cierto que las realidades de Colombia, gobernada secularmente por una casta violenta y agresora, terminaron por producir la respuesta digna de los de abajo. Y esa también es una forma respetable de lucha, que no puede ser condenada por principio sin borrar de un plumazo la historia y rozar los límites de la utopía.
Como se infiere de su aspiración de poder desarrollar un proyecto de vida, sin que cambien las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales que dominan el resto del país. El problema de ustedes no puede ser examinado a la simple luz de la no presencia del Ejército o la guerrilla en los resguardos, porque como dice Santos, el Ejército jamás va a abandonar sus bases. Porque su presencia encarna un modelo de dominación nacional, continental, de aspiraciones mundiales. Lo que hay que derrotar es ese modelo, y para ello hay que comenzar por el cambio del régimen.
Esa es nuestra lucha y la de millones de colombianos que estamos seguros los apoyan en este momento, los cuales verían fortalecidas sus aspiraciones si ustedes también apoyaran sus reivindicaciones. El asunto en la hora es unir fuerzas, no separarlas.
Las guerras son cruentas, más las que enfrentan a los pueblos con regímenes terroristas al servicio de potencias imperiales. Toda la maquinaria militar, económica, ideológica y política es puesta en juego por estos últimos en aras de su victoria. Ella incluye la propaganda negra, los infundios y provocaciones más groseras. Nosotros más que nadie somos víctimas de todo eso junto.
Si a nuestra gente llegan muchachos indígenas sanos, desesperados por la miseria en que crecieron, ansiosos por luchar para mejorar la suerte de su pueblo, no los rechazamos. No podemos, así es la lucha. Igual sucede con campesinos, mineros, obreros, estudiantes y toda la juventud colombiana que decide unirse a la lucha. Las normas del Derecho Humanitario que ustedes citan prohíben ubicar bases y cuarteles de guerra en medio de la población. Nosotros jamás lo hacemos, ustedes saben que la tropa sí, y de manera permanente y dolosa.
Ustedes exigen que no empleemos nuestras armas con riesgo para la población civil. Nosotros somos población civil a la que la violencia estatal y paramilitar obligó a alzarse. Jamás podríamos tener en la mente la idea de afectar gente inocente. En eso compartimos por completo su reclamo con plena disposición a evitar que ocurra. ¿Pero qué hacer con las fuerzas terroristas de ocupación? Consideramos válidos y legítimos los heroicos esfuerzos que ustedes cumplen hoy.
Si en Colombia cesan las operaciones militares, los bombardeos y ametrallamientos, los desplazamientos forzados, el despojo de la tierra, los crímenes contra el pueblo y la impunidad, con toda seguridad que no tendrá sentido la existencia de las guerrillas. Si el Ejército, la Policía y los paramilitares salen del Cauca, si termina su guerra contra indígenas, campesinos, mineros y pueblo en general, nosotros no tendremos problemas para salir también.
En toda Colombia crece un ruidoso clamor por la paz. Por una salida política a la confrontación. Esa ha sido entre todas la más vieja de nuestras banderas. Es el régimen el que jamás se ha aprestado a poner fin a su predilección por la violencia. Es a él al que hay que obligar a abrir un diálogo. Ustedes, que hoy más que nunca sufren el estilo característico de responder en Colombia a las aspiraciones de paz, son bienvenidos sin duda al trabajo por ella. Con su presencia combativa estaremos mucho más cerca de ella.
Reciban todo mi afectuoso abrazo, que es el de todas las FARC-EP, el de todo el pueblo colombiano que los admira, aplaude y respalda.
Hace 4 meses le escribimos para que nos hicieran claridad sobre la
política militar de las FARC contra el CRIC, la ACIN y los Cabildos.
Seguimos esperando su respuesta. También le propusimos en esa carta que
avancemos en un diálogo humanitario sobre 4 puntos: No reclutar menores;
no utilizar la violencia sexual contra las mujeres como arma política;
no utilizar armas de efecto indiscriminado (tales como los tatucos y las
minas antipersonales); y respetar la autonomía plena de los gobiernos y
organizaciones indígenas. Estamos a la expectativa de que podamos dar
ese debate que necesitamos los indígenas del Cauca y el país entero.
Comandante Jiménez:
Hay que terminar la guerra. Todos y todas la estamos perdiendo. Fue
bueno que ustedes liberaran a los soldados y policías que tenían
retenidos y que anunciaran el fin del secuestro económico, porque fueron
hechos de paz. Pero hay que ser más audaces y más decididos. Cumplan
las exigencias humanitarias que le estamos haciendo; es un camino básico
hacia la paz. Decidan terminar la guerra y empezar ya una negociación
política para terminar el conflicto; es imprescindible para construir la
paz. Entiendan que Colombia es más, mucho más, que la guerrilla y el
ejército, y que la paz debe ser una construcción de todos y todas las
colombianas.
Cuenten con nosotros para la paz. Nunca para la guerra.
****
Respuesta de las FARC-EP a la ACIN
Compañeros:
ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS CXHABWA LA KIWE (DEL NORTE DEL CAUCA)
Montañas del departamento del Cauca.
Apreciados compatriotas:
He tenido conocimiento de la comunicación recientemente
dirigida por Ustedes, la cual cuidé de leer con sumo respeto y
atención. Con la misma claridad y franqueza con que su Asociación
expresa su pensamiento y propósitos, procedo a responder sus
inquietudes en mi condición de Comandante del Estado Mayor Central de
las FARC-EP, organización que como ustedes conocen, nació en 1964 a la
vida política colombiana como expresión de la resistencia popular a la
guerra de agresión contra el pueblo, y se acerca a cumplir cincuenta
años de lucha indeclinable por la paz.
Que ustedes expresen con tanto fervor su anhelo por la paz, confirma nuestra convicción de que las grandes mayorías colombianas claman en las cuatro esquinas del país por ese preciado bien. La guerra civil colombiana no ha sido una decisión del pueblo de este país, sino una imposición de sus clases pudientes dominantes. Es natural que el pueblo que la sufre la rechace con ahínco. Nosotros somos los primeros. Por eso la combatimos en todas las formas posibles.
Es un hecho reconocido por numerosos estudiosos de la realidad colombiana, que la guerra en nuestro país responde a un modelo de acumulación de capital. El despojo de la propiedad rural y su concentración en cada vez más pocas manos, ha coincidido de manera asombrosa con las sucesivas agresiones contra las zonas agrarias por parte de las fuerzas oficiales y paraoficiales. Pretextos para ellas nunca han faltado. Las FARC no estamos integradas por soldados pagos ni conscriptos, sino por gente sencilla del pueblo de Colombia que se ha levantado a la resistencia. Campesinos, indígenas, negros y mestizos que decidimos enfrentar con las armas la agresión.
Es absolutamente cierto que el despojo contra los indígenas americanos lleva más de cinco siglos. Razón de más para luchar por su justa reivindicación. Compartimos completamente todas las aspiraciones de las comunidades indígenas y de hecho las estamos apoyando al riesgo de nuestra propia vida. Pero la fuerza de los hechos históricos impone también que los indígenas no son las únicas comunidades violentadas y perseguidas en Colombia.
A veces parece desprenderse de sus sinceras alegaciones, que las comunidades indígenas sólo miran por ellas mismas, desconociendo la suerte de los demás desposeídos y perseguidos de Colombia, que suman por lo menos treinta millones de compatriotas. El grave conflicto colombiano no puede ser solucionado sólo para las comunidades indígenas, simplemente porque ustedes hacen parte de Colombia, habitan en territorios codiciados por los mismos terratenientes e inversionistas que despojan a colonos, mineros, trabajadores y demás sectores explotados.
Con todo el respeto y la consideración que merecen, me permito expresarles que no es aislándose del resto de colombianos que claman fervientemente por la paz y la justicia social, como van a lograr conquistar sus viejos anhelos. El Ejército colombiano no sólo ocupa resguardos indígenas, sino que cumple su labor predadora por todo el territorio nacional. Su misión es prestar seguridad a inversionistas, empresarios y terratenientes nacionales o del extranjero, al precio de aplastar cualquier oposición al modelo de saqueo y empobrecimiento que defienden.
Nosotros no sólo creemos que el Ejército debe salir de las comunidades indígenas, sino de todo el campo colombiano. Su misión natural es guarnecer las fronteras en defensa de la soberanía nacional, pero las clases dominantes lo han convertido en una máquina al servicio de poderosos intereses extranjeros, dirigida directamente por generales norteamericanos.
El reconocimiento de la autonomía y la autoridad de las comunidades indígenas no nos hacen ciegos ante la suma de intereses que llegan a ellas. Si los conquistadores españoles se valieron de la Iglesia, los halagos personales y hasta de la corrupción de muchos caciques como mecanismos de avanzada para su presencia expoliadora, sabemos que igual sucede hoy con diversas organizaciones de rostro humanitario, benefactor o clientelista. Fenómenos así minan la credibilidad de muchos liderazgos en la propia base indígena y descomponen su organización.
Sentimos sincero respeto por su oposición al empleo de la violencia como mecanismo de lucha. En una humanidad civilizada, ajena a los intereses de clase, seguramente que tal pretensión será generalizada. Por eso luchamos. Pero no es menos cierto que las realidades de Colombia, gobernada secularmente por una casta violenta y agresora, terminaron por producir la respuesta digna de los de abajo. Y esa también es una forma respetable de lucha, que no puede ser condenada por principio sin borrar de un plumazo la historia y rozar los límites de la utopía.
Como se infiere de su aspiración de poder desarrollar un proyecto de vida, sin que cambien las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales que dominan el resto del país. El problema de ustedes no puede ser examinado a la simple luz de la no presencia del Ejército o la guerrilla en los resguardos, porque como dice Santos, el Ejército jamás va a abandonar sus bases. Porque su presencia encarna un modelo de dominación nacional, continental, de aspiraciones mundiales. Lo que hay que derrotar es ese modelo, y para ello hay que comenzar por el cambio del régimen.
Esa es nuestra lucha y la de millones de colombianos que estamos seguros los apoyan en este momento, los cuales verían fortalecidas sus aspiraciones si ustedes también apoyaran sus reivindicaciones. El asunto en la hora es unir fuerzas, no separarlas.
Las guerras son cruentas, más las que enfrentan a los pueblos con regímenes terroristas al servicio de potencias imperiales. Toda la maquinaria militar, económica, ideológica y política es puesta en juego por estos últimos en aras de su victoria. Ella incluye la propaganda negra, los infundios y provocaciones más groseras. Nosotros más que nadie somos víctimas de todo eso junto.
Si a nuestra gente llegan muchachos indígenas sanos, desesperados por la miseria en que crecieron, ansiosos por luchar para mejorar la suerte de su pueblo, no los rechazamos. No podemos, así es la lucha. Igual sucede con campesinos, mineros, obreros, estudiantes y toda la juventud colombiana que decide unirse a la lucha. Las normas del Derecho Humanitario que ustedes citan prohíben ubicar bases y cuarteles de guerra en medio de la población. Nosotros jamás lo hacemos, ustedes saben que la tropa sí, y de manera permanente y dolosa.
Ustedes exigen que no empleemos nuestras armas con riesgo para la población civil. Nosotros somos población civil a la que la violencia estatal y paramilitar obligó a alzarse. Jamás podríamos tener en la mente la idea de afectar gente inocente. En eso compartimos por completo su reclamo con plena disposición a evitar que ocurra. ¿Pero qué hacer con las fuerzas terroristas de ocupación? Consideramos válidos y legítimos los heroicos esfuerzos que ustedes cumplen hoy.
Si en Colombia cesan las operaciones militares, los bombardeos y ametrallamientos, los desplazamientos forzados, el despojo de la tierra, los crímenes contra el pueblo y la impunidad, con toda seguridad que no tendrá sentido la existencia de las guerrillas. Si el Ejército, la Policía y los paramilitares salen del Cauca, si termina su guerra contra indígenas, campesinos, mineros y pueblo en general, nosotros no tendremos problemas para salir también.
En toda Colombia crece un ruidoso clamor por la paz. Por una salida política a la confrontación. Esa ha sido entre todas la más vieja de nuestras banderas. Es el régimen el que jamás se ha aprestado a poner fin a su predilección por la violencia. Es a él al que hay que obligar a abrir un diálogo. Ustedes, que hoy más que nunca sufren el estilo característico de responder en Colombia a las aspiraciones de paz, son bienvenidos sin duda al trabajo por ella. Con su presencia combativa estaremos mucho más cerca de ella.
Reciban todo mi afectuoso abrazo, que es el de todas las FARC-EP, el de todo el pueblo colombiano que los admira, aplaude y respalda.
Timoleón Jiménez,
Comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, 20 de Julio de 2012.
Comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, 20 de Julio de 2012.
Indígenas del Cauca: desmitificando la violencia legítima
Por SANTIAGO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
ssanchezj@unal.edu.co
No es la
primera vez que los indígenas del Cauca expulsan a los actores del conflicto de
sus territorios. Es sólo la primera vez que se pone en evidencia la
contradicción intrínseca del aparato del Estado al procurar la seguridad
nacional a punta de bala y, en consecuencia, la fragilidad de un orden social
establecido sobre la base de la coacción. Procurar la seguridad ciudadana
mediante el establecimiento de objetivos de guerra al interior de la población
no resulta un golpe de astucia.
El debate en
los medios masivos se ha propuesto desde la dicotomía entre el ejército y los
indígenas, pero en esencia es un contrapunto entre la violencia legítima del
Estado y la Resistencia civil no-violenta y el derecho a la autodeterminación
de los pueblos.
La
resistencia civil pacífica en el Cauca contra todos los actores del conflicto
es de vieja data. Los indígenas del Cauca ganaron el premio nacional de paz el
año 2000 “por ser ejemplo de resistencia civil”.
Se enfrentan contra los narcotraficantes desde el 2001, cuando comenzaron a
expulsar los laboratorios de coca de sus territorios,
y les dieron ultimátum en el 2009 mediante Resolución 002 del Cabildo de Jambaló.
A la guerrilla se le ha decomisado e incinerado material de guerra; en 2008 la
Guardia Indígena rescató a siete secuestrados de las milicias antes de llegar a
la densidad de la montaña,
y con las guerrillas los indígenas también han dejado sus muertos.
Como respuesta a la negativa de los actores por acudir a las sucesivas e
infructuosas convocatorias de los indígenas para establecer el diálogo y sacar
el conflicto armado de los resguardos, el movimiento y los mayores han advertido desde hace años que todos los actores serán expulsados.
La propuesta del movimiento indígena frente a las infructuosas guerras de la
paz, ha sido la resistencia pacífica durante más de una década,
aunque el golpe mediático sólo venga dado por lágrimas de cocodrilo.
Expulsar a
las fuerzas de seguridad del Estado cuestiona el poder del Estado colombiano,
en efecto, pero en su dimensión real se suma a todos los esfuerzos que en un
orden global ponen en entredicho el papel de las fuerzas de seguridad de los Estados
nacionales como escudo de las élites trasnacionales del poder. En este sentido,
el movimiento es mucho más que una propuesta de carácter nacional, es un prototipo
de emancipación civil frente al orden imperial en la globalización.
El principio
sustantivo del Estado moderno que propende por “el monopolio de la violencia legítima” es bien conocido y
archidefendido por las entidades institucionales. Tal postulado, junto con la organización burocrática y el control territorial tienen su origen en
las ideas del filósofo alemán Max Weber, al establecer una tipología ideal que
permitiese caracterizar al Estado moderno de otros tipos de Estados, como el Estado
feudal o el clásico. Dice Weber
“Tendremos
que decir que Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado
territorio (el territorio es un elemento distintivo), reclama (con éxito) para
sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo distintivo de nuestro
tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede
el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El
Estado es la única fuente del derecho a la violencia.” (WEBER, 1969)
Sin embargo, ignoran
los medios y olvidan los detentores del Poder que tal monopolio ha de estar
supeditado a la legitimación, es decir, que el usufructo de la fuerza tiene
como único fin el de asegurar la seguridad de los ciudadanos, no el de
garantizar intereses particulares, ni el de asegurar el posicionamiento de una
élite política, ni el de consolidar perímetros de control militar para mostrar
resultados gubernamentales. Una presencia que arriesga a la población es
ilegítima per se, además de ilógica.
El Movimiento
indígena del Cauca y las organizaciones indígenas locales (Consejo Regional
Indígena del Cauca –CRIC-, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca
–ACIN-) frente a la incapacidad de gestión del Estado nacional y la incapacidad
operativa de sus entes descentralizados, se han ocupado de los aspectos antaño
relativos al aparato de Estado: la defensa y soberanía sobre su territorio bajo
el monopolio de la violencia, y el ejercicio
técnico-racional de la dominación política de carácter burocrático. Frente a la
exclusión sistemática en la construcción del ideario de la nación, surge la
reivindicación de la diferencia respecto a la cultura homogeneizante nacional
como base de legitimación de la autonomía política.
¿Qué es lo
que legitima la violencia legítima? Si la soberanía reside en el pueblo, ¿acaso
no deviene de éste la legitimidad en un Estado que se adjetiva democrático? El
Cauca Indígena nos conduce a esta reflexión acerca del fracaso del Estado
colombiano para monopolizar el uso de la coacción física. Pero al tiempo nos intima
a una cavilación mucho más profunda acerca de la derrota del Estado-nación como
ente garante de la seguridad ciudadana mediante el monopolio, control, y
ejercicio de la violencia.
Y yendo más
allá plantea y ejecuta una solución: el actuar conjunto de la multitud. El
modelo organizativo de la Guardia Indígena operativiza el discurso romántico
del “otro mundo es posible”. De cara a todo tipo de violencia, venga de donde
venga, resistencia civil no violenta.
WEBER, Max. El Político y el Científico. Madrid,
España: Alianza, 1969.
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