Indígenas del Cauca: desmitificando la violencia legítima

Por SANTIAGO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

ssanchezj@unal.edu.co

No es la primera vez que los indígenas del Cauca expulsan a los actores del conflicto de sus territorios. Es sólo la primera vez que se pone en evidencia la contradicción intrínseca del aparato del Estado al procurar la seguridad nacional a punta de bala y, en consecuencia, la fragilidad de un orden social establecido sobre la base de la coacción. Procurar la seguridad ciudadana mediante el establecimiento de objetivos de guerra al interior de la población no resulta un golpe de astucia. 

El debate en los medios masivos se ha propuesto desde la dicotomía entre el ejército y los indígenas, pero en esencia es un contrapunto entre la violencia legítima del Estado y la Resistencia civil no-violenta y el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

La resistencia civil pacífica en el Cauca contra todos los actores del conflicto es de vieja data. Los indígenas del Cauca ganaron el premio nacional de paz el año 2000 “por ser ejemplo de resistencia civil”. Se enfrentan contra los narcotraficantes desde el 2001, cuando comenzaron a expulsar los laboratorios de coca de sus territorios, y les dieron ultimátum en el 2009 mediante Resolución 002 del Cabildo de Jambaló. A la guerrilla se le ha decomisado e incinerado material de guerra; en 2008 la Guardia Indígena rescató a siete secuestrados de las milicias antes de llegar a la densidad de la montaña, y con las guerrillas los indígenas también han dejado sus muertos. Como respuesta a la negativa de los actores por acudir a las sucesivas e infructuosas convocatorias de los indígenas para establecer el diálogo y sacar el conflicto armado de los resguardos, el movimiento y los mayores han advertido desde hace años que todos los actores serán expulsados. La propuesta del movimiento indígena frente a las infructuosas guerras de la paz, ha sido la resistencia pacífica durante más de una década, aunque el golpe mediático sólo venga dado por lágrimas de cocodrilo.

Expulsar a las fuerzas de seguridad del Estado cuestiona el poder del Estado colombiano, en efecto, pero en su dimensión real se suma a todos los esfuerzos que en un orden global ponen en entredicho el papel de las fuerzas de seguridad de los Estados nacionales como escudo de las élites trasnacionales del poder. En este sentido, el movimiento es mucho más que una propuesta de carácter nacional, es un prototipo de emancipación civil frente al orden imperial en la globalización.

El principio sustantivo del Estado moderno que propende por “el monopolio de la violencia legítima” es bien conocido y archidefendido por las entidades institucionales. Tal postulado, junto con la organización burocrática y el control territorial tienen su origen en las ideas del filósofo alemán Max Weber, al establecer una tipología ideal que permitiese caracterizar al Estado moderno de otros tipos de Estados, como el Estado feudal o el clásico. Dice Weber

“Tendremos que decir que Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el territorio es un elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo distintivo de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del derecho a la violencia.”  (WEBER, 1969)

Sin embargo, ignoran los medios y olvidan los detentores del Poder que tal monopolio ha de estar supeditado a la legitimación, es decir, que el usufructo de la fuerza tiene como único fin el de asegurar la seguridad de los ciudadanos, no el de garantizar intereses particulares, ni el de asegurar el posicionamiento de una élite política, ni el de consolidar perímetros de control militar para mostrar resultados gubernamentales. Una presencia que arriesga a la población es ilegítima per se, además de ilógica.

El Movimiento indígena del Cauca y las organizaciones indígenas locales (Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC-, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca –ACIN-) frente a la incapacidad de gestión del Estado nacional y la incapacidad operativa de sus entes descentralizados, se han ocupado de los aspectos antaño relativos al aparato de Estado: la defensa y soberanía sobre su territorio bajo el monopolio de la violencia, y el  ejercicio técnico-racional de la dominación política de carácter burocrático. Frente a la exclusión sistemática en la construcción del ideario de la nación, surge la reivindicación de la diferencia respecto a la cultura homogeneizante nacional como base de legitimación de la autonomía política.

¿Qué es lo que legitima la violencia legítima? Si la soberanía reside en el pueblo, ¿acaso no deviene de éste la legitimidad en un Estado que se adjetiva democrático? El Cauca Indígena nos conduce a esta reflexión acerca del fracaso del Estado colombiano para monopolizar el uso de la coacción física. Pero al tiempo nos intima a una cavilación mucho más profunda acerca de la derrota del Estado-nación como ente garante de la seguridad ciudadana mediante el monopolio, control, y ejercicio de la violencia.

Y yendo más allá plantea y ejecuta una solución: el actuar conjunto de la multitud. El modelo organizativo de la Guardia Indígena operativiza el discurso romántico del “otro mundo es posible”. De cara a todo tipo de violencia, venga de donde venga, resistencia civil no violenta.  

WEBER, Max. El Político y el Científico. Madrid, España: Alianza, 1969.