Ahora que se ha configurado el aparato institucional del estado central para el próximo cuatrienio, es necesario enfrentar los temas que se vislumbran en el panorama político, pues la maquinaria está lista para la aprobación masiva de proyectos, leyes y reformas, al amparo de una supuesta Unidad Nacional. Una unidad que recuerda algún Frente en el que los partidos cerraron filas para hermetizar el acceso a los canales institucionales de poder, eliminando toda opción para los movimientos sociales, las minorías y los partidos contestatarios. De momento se han establecido los lineamientos políticos del ejecutivo a través de la lógica del neocorporativismo, los lineamientos ideológicos mediante una reinterpretación a la criolla del dogmatismo Giddensiano de la tercera vía, y los lineamientos pragmáticos del proyecto santista, continuación de fantasmas dormidos del proyecto uribista de la seguridad democrática.
Lo que se hace manifiesto en este orden de cosas, es la configuración de una pugna de fuerzas entre la institucionalidad y la sociedad civil. El panorama se apresta oscuro para los sectores que se mueven en la política no institucional y para las regiones, pues la batuta institucional estará girando en torno al proyecto centralista. . Por lo tanto, el debate debe partir del supuesto de que cada reforma tiene sus formas, y siendo el legislativo de mayorías oficialistas, el consenso y la discusión con la sociedad civil se hacen innecesarios. Y esas no son formas.
El primero de los proyectos de reforma (que por otra parte apremia) es la Reforma al sistema de salud. Consabido el fracaso del modelo desarrollado en la Ley 100, auspiciado por el mismo Uribe en ejercicio de sus función en el legislativo, tenemos dos opciones: por un lado adoptar el modelo de regulación que impele el servicio de salud hacia el sector privado, como lo planteara el ministro Palacios con los decretos de emergencia social. Por otra parte, una reforma que mediante la discusión con los especialistas del sector, con criterio de las finanzas públicas, y supeditado al principio de salud universal de calidad, consolide un estado que vele y cuide de sus ciudadanos.
El primero de los proyectos de reforma (que por otra parte apremia) es la Reforma al sistema de salud. Consabido el fracaso del modelo desarrollado en la Ley 100, auspiciado por el mismo Uribe en ejercicio de sus función en el legislativo, tenemos dos opciones: por un lado adoptar el modelo de regulación que impele el servicio de salud hacia el sector privado, como lo planteara el ministro Palacios con los decretos de emergencia social. Por otra parte, una reforma que mediante la discusión con los especialistas del sector, con criterio de las finanzas públicas, y supeditado al principio de salud universal de calidad, consolide un estado que vele y cuide de sus ciudadanos.
En efecto es necesario controlar la evasión de las participaciones de los autónomos como la viveza de otros que, siendo pudientes asalariados y rentistas, se colaron en el régimen subsidiado en detrimento de los pobres "de verdad". Entre otras cosas esto fue lo que reventó al Fosyga, y no el hecho de que los jueces fallaran las tutelas a favor de los pacientes, que además, un estado social que funciona a fuerza de tutela es una vergüenza. Canalizar la atención médica hacia las posibilidades adquisitivas de los pacientes como lo determinaba el decreto 128, es poco menos que un sofisticado mecanismo de limpieza social, al tiempo que un gran aliciente para los bancos, que se quedaron con las ganas de mostrarnos cuánto cuesta un riñón. O como lo proponía el decreto 131, que limitaba tanto los servicios del POS, igualando el régimen subsidiado con el contributivo a la baja, como la capacidad de los médicos de dar diagnósticos de acuerdo con el saber médico, estableciendo un sistema punible para los médicos que ejerzan su oficio por fuera de lo que el Estado permite.
La reforma a la salud del ministro Palacios, parte de la lógica del Estado rentable que pregona la disminución del déficit público vía incremento de impuestos y disminución del gasto público. La reforma al sistema de salud no puede darse vía Estado de emergencia social ni mucho menos. Ha de ser una reforma integral a la Ley 100 que pase por el debate entre los técnicos, tanto de las finanzas como de la medicina, que incluya como agente primario a quienes ejercen el oficio de la medicina, y sobre todo, que esté pensado para dar cobertura universal de calidad, siendo la mejora en las condiciones de la salud un prerrequisito del desarrollo social.
Este debate nos conduce al de la Reforma tributaria: Santos ha dicho que no presentará un programa de reforma tributaria porque efectivamente esto cuesta muchos votos en tiempos de campaña electoral. Pero mucho me temo que es inevitable una reforma de este tipo en un país que grava el pan con impuestos al valor agregado, mientras los grandes rentistas tienen reducción de impuestos bajo supuestos inevitables como la generación de empleo y la dinamización de los mercados. ¿de qué otra manera habría de consolidarse una élite rentista? Paguen o no impuestos estos postulados se cumplirán, y por lo demás la carga de soportar el aparato del Estado no recaerá sobre los ciudadanos de rentas medias. Si es necesario incrementar los recursos del Estado, esto debe hacerse siguiendo el principio de eficiencia, equidad y progresividad, gravando el consumo oneroso, y canalizando el sistema impositivo hacia los sectores de rentas altas. Pero además, por el amor de dios, salvando los cuatro billones de pesos que se dejan al año en concepto de corrupción.
Se viene otra vez el asunto de la Reforma Política, asunto quisquilloso que nos persigue desde 2003, y que se ha ido colando de a poquitos vía Acto Legislativo (incluida reelección presidencial). No sólo está el debate de las cosas que se deben incluir en la Reforma Política, sino en la manera en que debe hacerse. Para el sector oficialista la cuestión está dada por inspiración divina, que ni siquiera está respaldado por un concepto técnico o académico, asumiendo el Estado unitario-central como postulado básico para el progreso, que pasa por la consolidación de partidos igualmente fuertes y unitarios, por lo que excluye todos los sectores que se muevan por fuera de los canales institucionales del Estado.
La cuestión es bien diferente: una reforma de este tipo debe partir del constituyente primario, es decir el pueblo, y no de un cuerpo colegiado que se dice representativo cuando es en realidad bastante ilegal y bastante ilegítimo, además de poco representativo. En efecto se pueden plantear los temas que debe incluir como la relación de la política, la economía "sumergida" y el conflicto armado, como el auspicio de grupos armados ilegales y dineros del narcotráfico, la responsabilidad de los partidos políticos en estos actos , la inhabilidad por estos actos de familiares, y la confiscación de bienes así obtenidos. Se pueden plantear los temas estructurales de la institucionalidad política como la doble militancia, la reelección de gobernadores y alcaldes, y el voto público en el congreso.
Pero todos estos temas deben ser supeditados al debate con la sociedad civil, como constituyente primario y agente determinante del tipo de sociedad que se quiere ser y responsable moral de los principios que se quiere defender, y con la academia, como técnicos del ejercicio de la política. Una reforma de este tipo debe conseguirse mediante el consenso en las metas que se quiere alcanzar como país y como sociedad, y los medios legítimos para conseguirlos. Según sea el alcance la reforma que se persigue, se verá si los mecanismos pasan por referendo, consulta o asamblea constituyente.
También se viene otra vez la Reforma Jurídica, en principio la misma que se le enredó al ministro Cossio en los vericuetos del referendo reeleccionista. De los tres estamentos del poder público la justicia es el menos ilegítimo en la actual configuración de poderes. La propuesta de Cossio se basaba en la reorganización de las altas Cortes y la forma de juzgar a los congresistas. Pero una reforma del aparato jurídico debe partir de la garantía de justicia para el grueso de población, que de acceso a la justicia a los que no tienen capacidad adquisitiva, es decir, que democratice la justicia. Este es el problema fundamental de la justicia en Colombia. La cuestión de las altas Cortes y el juzgamiento a congresistas pasa por un enfrentamiento entre el ejecutivo y el judicial, que sólo perjudica el ejercico de la democracia al establecer un supuesto orden de legitimación en lo que se quiso bautizar como un “estado de opinión”.
De las ramas del poder público, la justicia es también la que menos ha padecido el escándalo de la infiltración de los grupos ilegales armados y del financiamiento del narcotráfico. Esto no quiere decir que no lo haya habido ni que no se deba investigar y controlar. Tampoco quiere decir que estos grupos no tengan influencia sobre el aparato de justicia, sino que el mecanismo de cooptación del aparato jurídico fue diferente: no fue necesario poner jueces y notarios, sino testigos, pruebas, y escriturar de manera conjunta con ellos. Ante esto, la reforma jurídica también pasa por el saneamiento en el ejercicio de la justicia, y debe incluir a los mecanismos de control y defensa del ciudadano, a la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y las Altas Cortes no sólo como objeto de la Reforma sino como sujeto en el debate y actores en el consenso. También debe incluir a la academia como técnicos del proceso jurídico y partir en todo caso del principio de democratización de la justicia.
Finalmente la gran reforma pendiente es la Reforma Agraria. El nuevo gobierno se apresura de nuevo a firmar el TLC con Estados Unidos y con la Unión Europea bajo la base de la desregulación de los mercados. Los sectores contestatarios y los pequeños y medianos productores cierran filas en contra del gobierno. Pero el tema de los tratados de libre comercio es una cuestión que poco depende de los gobiernos nacionales, sino del orden de las organizaciones supranacionales que operativizan el proceso de globalización. Por lo tanto poco importa si fue Uribe o si es Santos quien consigue firmarlo, como en los 90 poco importaba si hubiera sido Pastrana o si fue Gaviria quien desarrollase la política de apertura de mercados, ya que son procesos globales a los cuales no se puede evitar asistir.
Lo que si es discutible es la manera de participar en ellos, y el debate requiere encarar dos puntos fundamentales: 1. Que como prerrequisito de la firma del cualquier TLC, ha de darse la reforma agraria a nivel interno, y 2. Que una negociación en condiciones de igualdad sólo puede darse enfrentándose en bloque con economías asimétricas, por lo que debe ser tratado como un tema en la Comunidad Andina de Naciones, en el Mercosur y en el Caricom, y nunca como negociaciones de países dependientes con potencias industriales.
El asunto de la tierra es de los más quisquillosos al tratar el asunto del conflicto armado y su influencia. Ahora el asunto es establecer los vínculos entre los grupos empresariales y los grupos armados ilegales y el cambio geográfico en cuanto a la distribución y productividad de la tierra. Por lo tanto el tema de la reforma agraria incluye tanto la propiedad como el uso de la tierra, y debe darse partiendo de los factores históricos y culturales, considerando que no es sólo un tema de productividad, sino que está consagrado como derecho cultural al territorio. Compete a todos los grupos minoritarios y vísctimas del desplazamiento y debe estar pensada en la igualdad y la restitución para estos colectivos, incluir a indígenas, afrodescendientes, y campesinos, siendo estos los principales actores con los que se debe consensuar.
Esta perspectiva reformista habrá que analizarla al detalle respecto a su evolución durante los próximos cuatro años. Un gobierno que se llame de Unidad Nacional no sólo ha de repartir cuotas burocráticas con los demás partidos políticos. En aras de ser coherente, debe llamar al debate y a la participación a los sectores contestatarios, a los actores no institucionales y plantear las reformas estructurales desde abajo, consolidando políticas públicas que estén en coherencia con los proyectos de las comunidades. Un supuesto gobierno de unidad nacional debe partir del principio de redistribución del poder como fundamento del desarrollo social, la autodeterminación de los pueblos y la interculturalidad. Lamentablemente presiento que no es el pretendido de Santos.
