Congreso nuevo no tan nuevo. II

Pese a las evidencias de ilegitimidad en el proceso electoral, debemos encarar los resultados de las elecciones parlamentarias frente a la proximidad de las presidenciales. La coalición oficialista que aglutina a las élites del país ha obtenido mayorías en el congreso debido a la incapacidad de los partidos para constituirse en agentes de los reclamos populares, y a la crisis de legitimidad del legislativo por su evidente inoperancia a la hora de canalizar la resolución de conflictos sociales. Lo que implica en un futuro próximo la elección de un congreso de estas características se puede analizar en dos sentidos: por un lado la consolidación del proyecto centralista, y por otro, la inviabilidad del Legislativo para presentarse como opción para las minorías y las regiones.

En primer lugar, la consolidación del proyecto de recentralización nacional implica una mayor concentración del poder en las élites políticas. Por esta vía implica el afianzamiento de la complicidad de éstas con los gremios económicos, a quienes deben gran parte de su triunfo y por lo tanto varios favores. Implica también la perpetuación de la favorabilidad del gobierno en los medios de comunicación masiva. Y como contrapartida, representa la promoción de leyes que favorecen el monopolio y a los grandes empresarios. Como consecuencia tendremos la consolidación del statu quo a nivel político y social, o por lo menos la certeza de que el ente legislativo propende a ello.

En sentido contrario, durante los próximos cuatro años el congreso de la República pierde capacidad de presentarse como opción válida para el desarrollo de las minorías políticas y sociales en el sentido de una democracia participativa, y para el desarrollo de las regiones en el sentido de la autonomía regional. Se frustra la lucha por la repartición de la riqueza y contra la desigualdad, ya que ésta no es pensable sin una anterior repartición del poder. También se obstruye el desarrollo de una democracia deliberativa mientras exista la dependencia de los medios masivos a los grupos empresariales, y de estos con el grupo de interés en el ejercicio del poder.

El debate pasa ahora a girar en torno a las elecciones presidenciales. Las primeras encuestas reflejan una simetría con el resultado de las parlamentarias en la intención de voto, resultado catastrófico de llegar a producirse. Precisamente el sistema electoral está diseñado para que las elecciones del ejecutivo sean pensadas en función del resultado en la conformación del congreso, con la intención de balancear el equilibrio entre poderes (pretensión un tanto idealista al considerar un sistema político que concentra en una sola persona el margen de acción suficiente para ejercer contrapeso a dos cámaras). Si de la experiencia queremos aprender tendremos que aceptar que tener en el gobierno al mismo grupo de interés que goza de mayorías en el congreso es supremamente peligroso para el resto de la sociedad.

Congreso nuevo no tan nuevo. I

Se ha escogido congreso. Y mucho desconfío de quienes se apresuran a gritar a los cuatro vientos que el pueblo ha hablado, que es la voluntad general, y otra suerte de falacias legitimadoras; amigo el ratón el queso. No es precisamente el mejor momento del legislativo y los resultados habrá que analizarlos con detalle. La necesidad de replantear las instituciones es imperiosa, hay que dar el debate y construir sobre la marcha.

He de confesar que disfruté el debate, hubo de todo y para todos los gustos. Se dieron madera. Las ideas, opiniones, críticas y reprimendas volaron durante el último mes como avispero alborotado. Personalmente consideraría una lástima que la discusión cesara ahora dejándonos en el letargo de la resignación política. Es precisamente en el campo de las ideas en el que podemos llegar a acuerdos respecto al tipo de sociedad que queremos ser, respecto al tipo de vida que queremos llevar, y por consiguiente, al tipo de instituciones que queremos tener.

Durante estos días las elecciones al congreso estuvieron en el centro de la crítica y los análisis que se hicieron se pueden categorizar entre los catastrofistas y los optimistas. Por cantidad ganan los primeros. Por peso también. No son pocos los motivos: se habla de la imposibilidad técnica de un verdadero voto de opinión en términos de la necesidad de información, de la crisis institucional del legislativo, de la farsa del márquetin político, de la inviabilidad del uribismo sin Uribe, del abstencionismo y la falta de fe de la ciudadanía en sus instituciones. Curioso por otra parte que quien argumenta esto último haya sido precisamente quien desde el ministerio de guerra se saltó al congreso en varios decretos que requerían su aprobación.

Del otro lado están los optimistas, que tampoco se quedan cortos de motivos apelando a la crítica de la ciudadanía, a la participación y la movilización, al éxito de la Corte Constitucional, a la labor de la Corte Suprema de Justicia en la dispendiosa purga del congreso, al dudoso y taimado triunfo de la reforma política (de la que también tendremos mucho que hablar), y por supuesto, a los congresistas honestos, que aunque pocos, por suerte destacan cada vez más.

Lastimosamente encuentro que del lado de los optimistas no estoy. Pero tampoco quiero estar del lado de los fatalistas. La salida que nos queda está puesta en los movimientos sociales. Una gran cantidad de gente que consciente del fracaso de las instituciones políticas y la poca seriedad de los partidos políticos, se organiza al margen de las instituciones tradicionales, reclamando autonomía, gestionando con éxito y honestidad los recursos, y sobretodo, construyendo alternativa.

El daño al Referendo con el debate sobre la reelección.

Finalmente hemos puesto punto final al asunto de la factibilidad de una segunda reelección. Uribe ha dicho que acata, y eso está bien, porque además reduce el radio de las posibilidades para quienes especulábamos qué tan lejos podía llegar este asunto. Pero el debate sigue abierto: ahora hay que preguntarse cómo pudo el referendo sortear esa mano de irregularidades en el proceso porque eso delata un fallo en las instituciones del Estado, lo que irremediablemente conduce a preguntarnos por las personas que están en ellas. Aún así, cada fallo ha sido evidenciado por un movimiento de ciudadanos, y eso también está bien, pues revela el ejercicio de un control de la administración pública por parte de la sociedad civil, que sorteando varias vicisitudes no menores, aún encontró espacios dentro del aparato de Estado que recondujera institucionalmente sus reclamos. Y de eso se trata.

 

Mucho se ha hablado del referendo en cuanto a las instituciones del Estado que tuvieron que ver en el proceso, pero poco de los movimientos sociales que estaban ejerciendo un papel de contrapeso a la propuesta. Sin estas presiones de carácter popular, otro gallo cantaría el sol de hoy. La movilización de recursos para esto fue importante y cuantiosa: recursos económicos, sociales y humanos, tanto por parte de quienes lo promovían, como por quienes estaban en contra, y esto ya no es bueno. Desgasta la democracia, quita tiempo y cuesta plata.

Esto se pudo haber evitado: lo pudo haber evitado don Álvaro con un pronunciamiento, pero prefirió crear el ambiente de especulación e inestabilidad favorable a todo gobierno, el manejo político del riesgo. Se pudo haber detenido en el Congreso, pero la maquinaria fue efectiva esquivando las pruebas de irregularidades en el proceso, varias pruebas y argumentos que dieron pie a sendos debates y audiencias públicas. Lo pudo haber amainado el Ministerio Público, pero el procurador prefirió escatimar costos políticos con sus recientes electores en el Congreso, suponiendo que sus valores morales le habrían impedido pactar por anticipado algo semejante a un concepto favorable sobre el referendo a cambio de su designación. Por último ha sido la Corte Constitucional quien ha puesto el punto final, dando en el clavo de la necesidad de un contrapeso entre Poderes.

En definitiva, el chiste sale caro, para todos. Precisamente para eso se establecen unos topes y unas condiciones en lo que se refiere a una iniciativa popular. A una auténtica iniciativa popular, porque no se puede esperar que la gente se crea que una iniciativa de ocho ciudadanos con la capacidad de movilizar ingentes cantidades de dinero, el beneplácito de la coalición oficialista en el congreso, el respaldo de los medios masivos, y cuyo vocero es, además, el secretario del partido en el gobierno, sea una iniciativa popular.

El Referendo, como herramienta de participación hay que defenderlo, utilizarlo y reforzarlo. Lo que no se puede permitir es que se convierta en un mecanismo de legitimación de gobierno. Que se utilice el aparato del Estado para camuflar iniciativas de grupos de interés. Que se tergiverse la norma para crear favorabilidad en el ejercicio de gobierno, como durante dos décadas se hizo con el "estado de sitio", o como se hace ahora con uno de sus retoños, el "estado de emergencia social". Pero sobretodo, no se puede permitir que los recursos del Estado sean utilizados para reconducir el sistema normativo al antojo del grupo en el gobierno. Para eso no es que se pagan los impuestos. No, señor.